Guarijíos protestan por la operación de presa Pilares

Cristina Gómez Molina

La etnia guarijía de Sonora se manifestó en contra de la operación de la presa Pilares, que atraviesa sus tierras y pone en peligro la sobrevivencia y el desarrollo de este grupo étnico milenario. Héctor Zaila Enríquez, vocero de la tribu, explicó que desde que comenzó la construcción de la obra, en 2013, denunciaron que el gobierno, además de acaparar el recurso hidráulico de la etnia, invade sus tierras y pone en riesgo de inundación al poblado, además de que los empleos y recursos no han llegado, como se comprometieron las autoridades.

"A pesar de los riesgos, nosotros vimos a la presa como una alternativa de vida, como una oportunidad para generar empleos y contar con un proyecto diferente, por eso permitimos la construcción, pero ha pasado tiempo, la terminaron y nosotros seguimos sin recursos, en plena crisis por el COVID-19", expuso.

Los miembros de la tribu señalaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno han usado a los representantes de las comunidades para manipular la cesión de derechos y la firma de acuerdos "ilegales para realizar la obra a cambio de dinero". Asimismo, denunciaron amenazas y extorsión por los operadores de la constructora Canoras y autoridades del municipio de Álamos. Sin contar con un estudio de impacto ambiental, sin consultar a la etnia y edificada durante horarios nocturnos, la presa se concluyó y está lista para su operación. En tanto, José Romero Enríquez, gobernador tradicional de la colonia Macurahui, en San Bernardo, en una carta informó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la afectación a sus tierras.

Desde octubre de 2019, López Obrador afirmaba que no se construiría la presa bicentenario Los Pilares sin consultar a los pobladores que se oponían a la obra; sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya había autorizado un mes antes su edificación.

Por ello, los opositores a la presa ganaron el juicio de amparo por la violación del derecho a la consulta de los pueblos originarios; pero, las autoridades estatales y federales no respetaron la sentencia judicial.

Edición: Emilio Gómez