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La Jornada
26/06/2025 | Ciudad de México
Jared Laureles y Jessica Xantomila
En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora hoy, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a los poderes judiciales a comprometerse de manera efectiva con la erradicación de esta práctica y la dignificación de las víctimas.
Animó particularmente a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos. Lo anterior, en el marco de renovación de los poderes judiciales en México.
Indicó que para dicha exclusión, se requiere que las autoridades judiciales tengan la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales; estén dotadas de las capacidades técnicas necesarias para ello, y actúen libres de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida.
“El respeto a la independencia judicial es esencial para materializar un control efectivo del quehacer de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como para salvaguardar los derechos de las víctimas de tortura”, apuntó.
De manera especial, alentó a que los jueces de control funcionen “como auténticos garantes de los derechos de las personas desde las etapas iniciales del proceso penal, en particular al momento de verificar la legalidad de la detención”.
La ONU-DH señaló que, de igual forma, resulta fundamental que las personas procesadas que opten por un procedimiento abreviado lo hagan libres de toda coacción, con pleno conocimiento de sus alternativas y sus consecuencias, y que gocen en todo momento de una defensa adecuada.
Recordó que la tortura está prohibida de forma absoluta. “Esta práctica aberrante lesiona la dignidad inherente al ser humano, trastoca la integridad de las personas, socava la confianza en las instituciones y es un medio para la fabricación de culpables. Dada su naturaleza intrínsecamente perniciosa, nada justifica su uso. Los problemas de inseguridad y violencia no deben combatirse mediante actos adicionales de injusticia”.
La Oficina reconoció igualmente aquellas resoluciones que han tutelado el principio de exclusión de pruebas ilícitas, y saludó la adopción de herramientas y políticas judiciales y administrativas orientadas en la misma dirección.
Alentó a que, en el futuro, impere el principio de progresividad y que los avances registrados se preserven, expandan y profundicen.
En un marco en el que también se está valorando la reforma de las instancias de seguridad y procuración de justicia, expuso que resulta fundamental que se profesionalicen las investigaciones, se erradique la tortura y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas sobrevivientes, enfrentando decididamente la impunidad.
México, de los pocos países con marco legal contra la tortura: Ong
México es uno de los pocos países a nivel global que cuenta con un amplio marco legal nacional e internacional para prevenir, investigar y sancionar la tortura, reconocieron diversas organizaciones civiles.
No obstante, señalaron que aún existen desafíos que colocan a nuestro país en “un riesgo alto” de sufrir esta práctica y otros “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, debido a los altos niveles de impunidad, las detenciones arbitrarias, la falta de capacidad para investigar esta práctica, y la ausencia de reparación a las víctimas y sus familias.
En un informe presentado este jueves, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) apuntó que si bien México ha ratificado la Convención contra la Tortura y cuenta con una “tipificación adecuada” de este delito, así como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar, en la Constitución existen figuras que son contrarias al derecho internacional y a los derechos humanos, tales como la figura del arraigo o la prisión preventiva oficiosa, que generan condiciones para dicha práctica.
Uno de los ejes que analiza el informe es el de acabar con la brutalidad policial y la violencia institucional.
Olga Guzmán, responsable para las Américas de la organización, señaló que son pocos los controles civiles en labores de seguridad y avanzó más “el despliegue militar”.
Indicó que del 2018 al 2023, la Guardia Nacional aplicó el uso de la fuerza en 421 eventos, de los cuales en 411 se utilizaron armas de fuego.
En conferencia de prensa, en la que una docena de personas víctimas de tortura y familiares expusieron sus casos, la representante de la OMCT detalló que en relación con el fin de la impunidad, hay 4 mil 592 investigaciones iniciadas por tortura y malos tratos a nivel nacional.
Y citó, conforme a los datos del Observatorio contra la Tortura, que sólo 18 casos han sido judicializados o se han presentado ante un juez, es decir, esto constituye el 0.1 por ciento, lo cual “nos habla de unos niveles de impunidad muy altos, muy preocupantes y por lo tanto ahí hay un riesgo alto en este rubro de fin de la impunidad”.
En la ficha técnica sobre México, se advierte que la tortura es “una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables".
Edición: Estefanía Cardeña