Por: Eduardo Murillo, Gustavo Castillo y César Arellano
La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo hoy en una audiencia judicial que Emilio Lozoya Austin argumentó ante el consejo directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) que era primordial la adquisición de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados que pertenecía a Altos Hornos de México (AHMSA).
Por ello, la FGR solicitó la vinculación a proceso de Lozoya, y como dato de prueba entregó la nota criminal presentada el 5 de marzo de 2019, por la representante legal de Pemex, Martha Edith Márquez Acosta, en la cual la empresa denunció la compra, en el año 2012, de la planta de Agro Nitrogenados, para lo cual se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones eran para reactivar sus funciones.
Sin embargo, el primero de diciembre de 2013 se aumentó el avalúo a 475 millones de dólares, ante lo cual se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (Indaabin) que estimara el precio real de la planta, pero luego se decidió que este avalúo lo hiciera una firma comercial.
Finalmente la transacción se concretó por 264 millones de dólares por los activos y 11 millones por los inmuebles de la planta. Sin embargo, luego esta última cifra se incrementó a 380 millones de dólares.
Las declaraciones acusatorias se produjeron en la audiencia inicial que se realiza este martes por videoconferencia desde un juzgado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a cargo del juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza y desde el hospital Ángeles Sur, donde se encuentra internado Lozoya.
En la causa penal 211/2019 asisten al acusado los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda, ambos del despacho Criminal Compliance.
De acuerdo con el alegato de la FGR, el Indaabin confirmó que la planta tenía 14 años inactiva, mientras que PMI de Norteamérica, filial de Pemex, determinó que 82 por ciento de la maquinaria de Agro Nitrogenados necesitaba cambiarse.
La FGR también presentó como indicio de prueba la denuncia que el 2 de mayo de 2019 presentó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de Emilio Lozoya, su hermana Gilda, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA.
Asimismo presentó varios documentos donde se probaría que el ex director general de Petróleos Mexicanos utilizó a la empresa Tocho Holding para abrir cuentas bancarias en Suiza, en las cuales recibió depósitos de Altos Hornos de México (AHMSA).
Los representantes del MP presentaron pruebas documentales que ligan a Lozoya y a su hermana Gilda como beneficiaros de estas cuentas, por lo menos desde el año de 2012.
La autoridad también aportó ante el juez de control dictámenes de Pemex y de otras instancias de gobierno que advirtieron que la compra a AHMSA de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados causó un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado, y que sus efectos aún se resienten.
El juez José Artemio Zúñiga Mendoza afirmó que no advierte violaciones a los derechos humanos de Emilio Lozoya Austin, ni que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado ninguna prueba ilícita para acusarlo.
Sin embargo, el juzgador hizo un recuento de los argumentos expuestos por la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex), para decidir si procede vincular a proceso al ex funcionario y eventualmente admitir que se recurra al criterio de oportunidad solicitado por éste.
Esta figura jurídica implica que Lozoya acepta los cargos y se compromete a reparar los daños causados.
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