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La Jornada
30/10/2025 | San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes que garantiza el acceso a un procedimiento médico seguro y gratuito para menores de edad que hayan sido víctimas de violación. El estado ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles.
La nueva legislación establece que las instituciones del Sistema Estatal de Salud deberán brindar el servicio de interrupción legal de la gestación en menores víctimas de abuso sexual, además de que obliga a notificar a las autoridades competentes para la investigación del delito correspondiente.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García, debido a que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles
La legisladora Marcela Castillo expuso en tribuna que más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres en esta entidad "y lo más grave es que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, la gran mayoría de esos casos son producto de violencia sexual”.
Las diputadas que respaldaron la propuesta reiteraron que estas historias “no representan amor ni consentimiento, sino son violencia sexual avalada por el silencio institucional”.
Manifestaron que la problemática de la preñez en niñas y adolescentes en Chiapas es aún más compleja por las condiciones de pobreza, marginación y barreras lingüísticas que enfrentan muchas menores indígenas.
Castillo afirmó que defender la interrupción legal de la gestación embarazo en menores es defender su derecho a decidir, a sanar y a vivir con dignidad. No se trata de ideología, se trata de justicia.
Según datos de la legislatura estatal, los delitos de pederastia, violación y estupro contra niñas, niños y adolescentes aumentaron 12 por ciento entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que representa 36 casos más.
Las diputadas señalaron que asegurar el acceso a la interrupción legal del embarazo no sólo es un tema de salud pública, sino una cuestión de justicia social y de cumplimiento de compromisos internacionales.
Edición: Estefanía Cardeña
