Debido a la pandemia de COVID-19, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó al Congreso de la Unión una segunda prórroga para que legisle sobre la despenalización del uso lúdico de la mariguana. El nuevo plazo vence el 15 de diciembre de este año.
Se trata del proceso jurídico relacionado con la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, cuyo trámite fue asignado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Dicha declaratoria señala que es contraria a la Constitución la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la mariguana, prevista en la Ley General de Salud (LGS), pues dicha medida no es necesaria para proteger la salud ni el orden público.
La declaratoria general de inconstitucionalidad es un procedimiento que permite a la SCJN eliminar del orden jurídico nacional las normas que ya haya declarado contrarias a la carta magna, mediante la jurisprudencia respectiva.
Como primer paso de este proceso, la SCJN advierte al Poder Legislativo Federal de esta inconstitucionalidad, con el fin de que subsane la falla y, si esto no sucede en el plazo definido por los ministros, éstos ejercen su facultad de eliminar la norma del orden jurídico nacional.
En un acuerdo emitido por el ministro presidente, Arturo Zaldívar el lunes 3 de agosto, se hizo oficial la autorización para permitir que el Congreso legisle sobre este tema a más tardar el 15 de diciembre de este año.
Así lo señala el documento: “en relación con la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, para la aprobación de la legislación correspondiente y para el efecto de que dicha prórroga venza el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurrirá del primero de septiembre al quince de diciembre de dos mil veinte”.
Ya en octubre del año pasado, a solicitud del Senado, la SCJN había otorgado una primera prórroga, que venció al finalizar el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, el 30 de abril 2020.
Edición: Ana Ordaz
Entre más calentamiento, más probable cruzar los límites para todos los sistemas
Cristina Carmona Isunza y Ornela De Gasperin Quintero
La dependencia no descarta la posibilidad de que los restos hayan sido extraídos de un cementerio
La Jornada Maya
La medida incluirá una suspensión de siete días para permitir una apelación
Ap
