Cristina Gómez Lima, corresponsal
Los siete imputados por el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, entre ellos ex funcionarios estatales y municipales, fueron liberados por orden judicial, pese a enfrentar cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal; una decisión que el Ministerio Público del Fuero Común anunció que será impugnada al no compartir el criterio del juez que permitió que el proceso penal continúe en libertad.
La resolución judicial se dio en el marco del proceso penal abierto por el incendio ocurrido el 1 de noviembre en la tienda Waldo’s de Hermosillo, un siniestro que dejó saldo de 24 personas fallecidas y 12 más lesionadas.
Entre los imputados se encuentran Juan Manuel G., actual delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora y ex coordinador estatal de Protección Civil; Joaquín R., ex secretario del ayuntamiento de Hermosillo; Emanuel V., ex director de Inspección y Vigilancia municipal; José Luis A., vinculado a la operación del establecimiento; Jesús Ángel R., así como dos personas más relacionadas con funciones de inspección y Protección Civil, cuyos nombres no han sido difundidos oficialmente.
La audiencia inicial, celebrada este viernes, se extendió por más de 12 horas. Inició a las 10 horas y estuvo marcada por una discusión prolongada que, de acuerdo con la Fiscalía, se centró en aspectos de forma y no de fondo. El juez permitió a la defensa argumentar supuestas deficiencias en las copias del expediente como la falta de color o problemas de legibilidad, pese a que la carpeta de investigación original y copias certificadas habían sido puestas a disposición de las partes en el Juzgado Oral Penal del Distrito 1.
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Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los hechos imputados y la probable responsabilidad de los detenidos, varios de los cuales ya habían comparecido previamente y conocían el contenido del expediente. Sin embargo, el juzgador determinó que, debido al volumen de la carpeta de investigación, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aun cuando, según la Fiscalía, existía tiempo legal para hacerlo.
Como consecuencia de esta decisión, el juez ordenó la liberación de los siete imputados, no bajo el argumento de inocencia o ilegalidad en su detención, sino para conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse del expediente. Para ello fijó un plazo de 18 días, resolución que la Fiscalía considera contraria a lo establecido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén un máximo de 144 horas.
Asimismo, la Fiscalía estatal anunció que promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar la resolución judicial, al no compartir el criterio adoptado del juez. La institución aseguró que mantendrá firme la pretensión punitiva y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño a las víctimas.
Paralelamente, el juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó que las siete personas detenidas enfrenten el proceso penal en libertad. Los imputados enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal derivados del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre.
La autoridad judicial fijó el 13 de enero de 2026 como fecha para la siguiente audiencia. La Fiscalía informó que el caso continúa abierto y que existen 25 órdenes de aprehensión en total relacionadas con el siniestro, de las cuales siete han sido ejecutadas hasta ahora. La liberación de los imputados, subrayó la autoridad, no implica el cierre del proceso ni una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.
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