Familiares de capos mexicanos entregados a EU demandan al gobierno de México

Señalan que el proceso viola la Constitución e incumple la ley de extradición vigente
Foto: Afp

Familiares y abogados de tres de los más de noventa criminales que México ha entregado a Estados Unidos anunciaron el lunes una demanda a las autoridades mexicanas por violación de sus derechos y llamaron a los allegados de los demás deportados a sumarse a ellos.

Esta es la primera acción judicial de los afectados por la inédita decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum, que desde hace casi un año ha entregado a la justicia estadunidense, sin mediar un proceso de extradición, a miembros de organizaciones criminales que ya habían sido procesados en México.

En tres rondas desde finales de febrero de 2025, México ha enviado a Estados Unidos a un total de 92 miembros de los cárteles, en un contexto de creciente presión por parte del presidente estadunidense Donald Trump para que su vecino del sur frene el tráfico de drogas a su territorio, en particular el letal fentanilo.

Los familiares de Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z-27, acusado de crímenes como el ataque a dos agentes del servicio de control de inmigración estadunidenses ICE mientras era líder local del cártel de Los Zetas en Tamaulipas, ya presentó una demanda, según anunciaron el lunes en conferencia de prensa en Ciudad de México.

Los abogados alegaron que la entrega de Saldívar viola la Constitución mexicana e incumple la ley de extradición vigente con Estados Unidos, e informaron que los parientes de otros dos de los criminales enviados se unirán a ella próximamente. 

La denuncia, presentada ante la Fiscalía general mexicana (FGR), acusa al Consejo Nacional de Seguridad -conformado por la propia FGR, las secretarías de Seguridad, Gobernación, Defensa, Marina y la Presidencia- de "traición a la patria y coalición de servidores públicos". 

Contactada por la AFP, la FGR no comentó sobre la demanda.

Vanesa Guzmán, pareja de Saldívar, explicó que este llevaba 13 años en prisión y era candidato a libertad condicionada, cuando fue entregado a Estados Unidos el pasado martes.

"Él quería reincorporarse a la sociedad. Hay planes (…) destruidos. Él tiene una madre enferma, no le dio la oportunidad de verlo. Hijos adolescentes que esperaban a su papá", afirmó.

Una de las abogadas, Yarey Sánchez Laguna, negó que se trate de extradiciones. "Su entrega es un destierro, lo cual se encuentra prohibido" por la Constitución, dijo.

Sánchez, abogada de Itiel Palacios García, miembro del Cártel Jalisco Nuevo Generación, y Pablo Edwin Huerta Nuño, del cártel de los Arellano Félix, aseguró que sumará a sus clientes a la denuncia.


Edición: Ana Ordaz


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