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La Jornada
17/03/2026 | Ciudad de México
René Ramón
Un juez concedió el arraigo domiciliario a Carlota N, la mujer de la tercera edad quien enfrenta proceso penal por el delito de homicidio calificado.
El juzgador en turno adscrito al penal estatal de Chalco, atendió el amparo emitido por el juzgado sexto de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Doña Carlota N de 74 años de edad, fue imputada por accionar un arma de fuego en contra de los presuntos invasores de una vivienda familiar, localizada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de La Candelaria Tlapala.
Los hechos ocurrieron en marzo del 2025, cuando la sexagenaria y dos de sus hijos dispararon en contra de una familia que ocupó su propiedad de manera ilegal; durante el altercado murieron dos personas y una más resultó lesionada.
El juez del penal de Chalco, determinó arraigo domiciliario en sustitución de la prisión preventiva. Además fijó una garantía económica de 250 mil pesos; prohibición de acercarse a las víctimas y ofendidos y no acercarse al domicilio del menor de iniciales C.C.B. o a su escuela.
Cabe recordar que durante la balacera, un menor de edad resultó herido de bala.
Doña Carlota, podrá permanecer en su domicilio de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y tiene prohibido salir del país.
El año pasado, un juez de primera instancia, negó la petición hecha por la familia a través de su defensa, por lo cual interpusieron el recurso de amparo, el cual le fue favorable.
Fue así que en los juzgados federales se le otorgó la petición con los argumentos presentados: la edad avanzada, deterioro de salud, diabetes que empeoró en prisión, y necesidad de insulina.
En tanto, Eduardo N y Mariana N, hijos de doña Carlota, continuará su proceso en reclusión, pues enfrentan imputación, por los delitos relacionados con la disputa de la propiedad.
En febrero de 2026, un juez de este mismo penal, condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz (o Torres Ortiz) a seis años de prisión por el delito de despojo propiedad de Mariana N.
Con sentencia condenatoria, quedó demostrado que la propiedad es legítima de la familia de Carlota N; lo cual ya había reconocido la propia Fiscalía General de Justicia, luego de la indagatoria hecha por el Ministerio Público.
Edición: Fernando Sierra
