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La Jornada
31/03/2026 | Ciudad de México
La mayor barrera para combatir e investigar casos de violencia política digital contra las mujeres es el anonimato que permiten las redes sociales, señalaron los titulares de fiscalías especializadas en delitos comiciales de cinco entidades, quienes llamaron a homologar criterios en la materia en todo el país, así como a regular el uso de herramientas de inteligencia artificial para evitar que sirvan para agresiones de género.
Durante un foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo, Diana Rodríguez López, se pronunció por robustecer la coordinación entre autoridades y plataformas de redes sociales. Destacó que, además del anonimato, la velocidad en que se propaga el contenido es un factor de riesgo ante estos contenidos.
Su par de Tamaulipas, Krisna Judith Villado Mejía, subrayó que la violencia política digital contra el sector femenino “es un fenómeno real que va creciendo”, lo que amerita sanción en el ámbito penal. Alertó que persisten retos jurídicos para individualizar castigos ante acciones que cometen múltiples actores, y que la intervención judicial debe aplicarse sólo en casos que lo ameriten, para no trivializar la judicialización de todas las denuncias.
Por su parte, el fiscal del ramo en Puebla, Ángel Aguilar Torres, reconoció que han aumentado los hechos de violencia política digital, lo que obliga a una homologación nacional, ya que de lo contrario cada entidad le da un enfoque distinto a las investigaciones.
A su vez, su homólogo de Nuevo León, Gustavo Solís Ruiz, coincidió en la urgencia de consolidar estrategias integrales con capacitación, atención y coordinación entre autoridades, así como mecanismos de registro y seguimiento de personas sancionadas. Se requieren penas efectivas que lleven a inhibir estas conductas. “No basta con reconocer la agresión, sino que debe haber un efecto de no repetición”, apuntó.
Mientras, el de Aguascalientes, Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, concluyó que los retos obligan a mayor capacitación de las autoridades en el uso de estas tecnologías para poder resolver las denuncias.
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Edición: Estefanía Cardeña
