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La Jornada
23/04/2026 | Ciudad de México
En su informe anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la política social del Estado mexicano, la cual se ha expandido con acciones para garantizar los derechos laborales, a la vivienda y a la salud, así como con programas sociales de alcance universal dirigidos a mujeres, jóvenes, personas indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores.
De acuerdo con información oficial, los beneficios alcanzaron a 30 millones de familias.
Sin embargo, alertó sobre reportes de feminicidios, asesinatos de mujeres trans y de personas de la diversidad sexual, así como de trata de personas. También manifestó su preocupación por denuncias de “prácticas xenofóbicas y racistas” por parte de autoridades contra personas en situación de movilidad humana.
En el documento difundido hoy, señaló que la defensa de los derechos humanos “continúa siendo una actividad peligrosa en México, incluyendo asesinatos y ataques contra personas buscadoras, defensoras de los derechos indígenas y líderes gremiales”.
Sobre el trabajo de las autoridades gubernamentales, resaltó la adopción del Mecanismo para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como las acciones para prevenir la trata de personas.
También destacó los ajustes a la Ley sobre Desaparición de Personas, con un enfoque en la “operación e interconexión” de los diversos registros en la materia; no obstante, señaló que este flagelo y la emergencia forense continúan siendo “una crisis humanitaria grave”.
Asimismo, la CIDH se refirió a la reforma judicial y señaló la “baja participación y la idoneidad” de los candidatos electos para integrar el Poder Judicial, derivadas de dicha reforma.
Igualmente indicó la “fragmentación” del acceso a la información tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia.
Llamó la atención sobre los asesinatos de servidores públicos, autoridades electas y agentes de seguridad del Estado, ya que —de acuerdo con información pública— 20 funcionarios habrían sido víctimas de estos crímenes, varios de los casos vinculados al crimen organizado y al ejercicio de sus funciones.
Sobre las desapariciones, refirió que hay más de 133 mil personas en esta condición, según datos del Registro Nacional, además de 70 mil cuerpos sin identificar, de acuerdo con reportes de organizaciones civiles y de derechos humanos. Estas advirtieron que, pese al Decreto Presidencial del 18 de marzo de 2025 para “fortalecer los procesos de búsqueda”, no se ha acreditado un incremento presupuestal ni la asignación de recursos suficientes a la Comisión Nacional de Búsqueda, además del desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y las limitaciones técnicas del Banco Nacional de Datos Forenses.
En su respuesta, el Estado mexicano informó que, entre octubre de 2024 y junio de 2025, se llevaron a cabo más de 5 mil 700 acciones de búsqueda (3 mil 148 en vida y 2 mil 582 forenses) y 14 mesas de diálogo con familiares y organizaciones, en las que se abordó la propuesta de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición.
En materia de atención a víctimas, indicó que se garantizó la reparación integral del daño a 864 personas, con un monto total de 387 mil 13 millones de pesos, mediante 222 resoluciones emitidas por la Comisión Ejecutiva.
Sobre los derechos de las mujeres, la CIDH apuntó que “persisten las alarmantes cifras de violencia de género” y expuso que, entre enero y agosto de 2025, se registraron 444 feminicidios, 341 casos de trata de mujeres, 13 mil 955 denuncias de violación sexual, 4 mil 368 de violencia de género y 180 mil 356 de violencia familiar.
La Comisión Interamericana también observó con preocupación la persistencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados. Indicó que, según información oficial, personas a partir de los seis años fueron captadas a través de redes sociales, videojuegos y vínculos familiares para luego ser utilizadas en actividades criminales. Se estima que alrededor de 30 mil niñas y niños participan directamente en estos grupos, mientras que más de 200 mil estarían en riesgo de ser reclutados.
Respecto a la tortura, indicó que el Índice Global de la Tortura 2025 clasificó a México con un “riesgo alto de tortura y malos tratos”. Según datos de la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, entre 2019 y 2024 se denunciaron 2 mil 881 casos, de los que derivan 3 mil 506 víctimas.
Crimen organizado y la mano dura para combatirlo, los desafíos a los derechos humanos en América
La CIDH advirtió que la creciente expansión del crimen organizado, unido a las políticas de "mano dura" para combatirlo y el deterioro de las instituciones, se ha convertido en "uno de los principales desafíos" para la democracia y los derechos humanos en las Américas.
En su informe anual correspondiente al 2025, publicado este jueves, la organización identifica "un contexto de expansión del crimen organizado y de hechos graves de violencia" en el área, asociado a economías ilegales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y extorsión.
La amenaza estructural de estos grupos criminales y sus efectos en la deslegitimización de las instituciones y la seguridad ciudadana causan alarma en la CIDH, explicó a EFE su presidente, Edgar Stuardo Ralón Orellana.
"Nos preocupa mucho porque este fenómeno no solo se está expandiendo en los territorios, sino distorsionando muchas veces el funcionamiento propio de la institucionalidad democrática. Es uno de los principales desafíos que hay, en menor o mayor medida, en toda la región", insistió el abogado constitucionalista guatemalteco.
Alerta ante políticas de "mano dura"
El informe de la CIDH indica que la respuesta dominante en la región han sido los discursos y políticas de "mano dura", traducidos en "operaciones policiales de alta letalidad, el endurecimiento de penas", junto a la "militarización y el uso extensivo de estados de excepción".
Para la entidad, estos enfoques "no son eficaces ni sostenibles" porque no garantizan un control territorial duradero ni desarticulan las estructuras que sostienen al crimen organizado y, en cambio, "reproducen ciclos de violencia, impunidad y debilitamiento institucional".
En 2025, la Comisión también encontró que la defensa de los derechos humanos sigue siendo «una actividad de alto riesgo» en la región, donde se registraron asesinatos, ataques y amenazas a activistas que hacen su trabajo en un "entorno hostil".
Políticas migratorias restrictivas
El informe identifica además una tendencia regional al endurecimiento de políticas migratorias y de control fronterizo, que en la práctica restringen el acceso al asilo, el debido proceso y el principio de no devolución.
En el caso específico de Estados Unidos, la CIDH observa con preocupación las duras medidas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump, que han tenido "un impacto significativo en los derechos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y solicitantes de asilo".
"Hay una crisis de movilidad humana en la región (…) Lo que hemos manifestado públicamente y cuando hay oportunidad con Estados Unidos, es que nosotros esperamos que lo que se dé sea el respeto a los debidos procesos y un trato digno de cualquier persona que esté enfrentando ese fenómeno de la movilidad", indicó Ralón Orellana.
La CIDH señaló además su preocupación por «los operativos letales» contra supuestas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte al menos 80 personas "en violación al derecho internacional".
Retrocesos, avances y una ‘lista negra’
El informe anual de la CIDH para 2025 dibuja una región con erosión democrática, restricciones al espacio cívico, violencia criminal y de género, políticas migratorias duras y un deterioro preocupante de la libertad de prensa y expresión, con avances puntuales en legislación, políticas públicas y cumplimiento de recomendaciones en algunos países, que sin embargo no revierten aún las tendencias de fondo.
En la ‘lista negra’ se mantienen Venezuela, Cuba y Nicaragua, con «patrones donde prácticamente la actitud del Estado es reprimir de manera sustancial el que pueda haber un espacio cívico, el que pueda haber una participación política en que se puedan ejercer las libertades inherentes a la persona», precisó el presidente de la CIDH.
"Mayoritariamente América Latina es democrática, porque realmente donde hay gobiernos dictatoriales es en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En todos los demás países hay una alternancia, no hay partido único, hay posibilidad de ir a votar y de cambiar y alternar gobiernos", insistió.
Ralón Orellana reiteró, sin embargo, que hay que prestar mucha atención al creciente problema de "la contaminación" de las instituciones por los grupos criminales, porque "eso puede anular en un momento dado los procesos democráticos que funcionan aún en la región".
Edición: Emilio Gómez
