Lo anterior luego de que el gobierno de Estados Unidos a través de una Corte de Arizona confirmó la detención de Mérida Sánchez, quien será presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se libró una orden de aprehensión en contra por presuntamente recibir sobornos de integrantes del Cártel de Sinaloa, y proteger sus operaciones delictivas cuando se desempeñó como funcionario estatal, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, de septiembre de 2023 a diciembre de 2024.
En tanto, autoridades estadounidenses dieron a conocer que tras ser detenido en Arizona por miembros de los Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), Mérida Sánchez, será trasladado y puesto a disposición de la Corte Federal del Sur de Nueva York para que conozca los cargos que se le imputan por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez compareció este viernes ante un tribunal federal de Manhattan para una audiencia de cinco minutos en la que se declaró inocente de tres delitos graves, reportó el medio Bloomberg.
El oficio del juez Markovich señala que se "debe transportar al acusado al distrito donde se le formalizaron los cargos y entregar al acusado al alguacil de los Estados Unidos para ese distrito", es decir de Nueva York para que comparezca ante el juez que libró una orden de aprehensión en su contra.
Durante la audiencia en la que compareció Mérida Sánchez, se designó como su asesor legal al defensor de oficio, Jordan Malka, y el juez Markovich emitió una "orden de traslado" y que ésta se cumpliera de manare rápida para que se le envié al distrito donde se le formuló la acusación.
Mientras se le entrega a las autoridades en Nueva York, Mérida Sánchez permanecerá bajo custodia de los alguaciles de Estados Unidos.
La acusación y orden de detención por parte de la Corte del Sur de Nueva York se dieron a conocer el pasado 27 de abril, fecha en la cual trascendió que el gobierno de Estados Unidos solicitó a autoridades mexicanas, que él y nueve personas más, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fueran detenidos provisionalmente con fines de extradición.
En este caso, el gobierno mexicano ha solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregue las pruebas que acrediten la responsabilidad de los solicitados, para que la justicia mexicana proceda a analizar la detención provisional con fines de extradición
