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La Jornada
26/05/2026 | Ciudad de México
Dora Villanueva
El 1 por ciento de la población en México es responsable del 23 por ciento de las emisiones contaminantes en todo el país. Sin embargo el marco fiscal actual está diseñado para subsidiar mediante los recursos en infraestructura pública, el uso de los jets y yates privados, convirtiendo así la crisis climática en un rasgo más de la profunda desigualdad económica, destacó Oxfam México.
En el informe Que el lujo pague su boleto. Impuestos al transporte VIP, la organización proyecta que gravar la propiedad, el uso de infraestructura y las emisiones de la “aristocracia del carbono” generaría entre 30 mil 497 y 234 mil 774 millones de pesos anuales; esto a manera de compensar otro aspecto de la desigualdad, dada la capacidad de consumo que tienen los más ricos en el país.
“La crisis climática, a nivel nacional y global es una crisis de profunda desigualdad económica. Combatir y revertir sus efectos requiere medidas de políticas públicas basadas en los principios de justicia climática y fiscal”, destaca la organización, al apuntar que el 0.1 por ciento de la población con mayor riqueza en el país, alrededor de 130 mil personas, contaminan seis veces más que las 13 millones de mexicanos y mexicanas más pobres
“Mientras las poblaciones más vulnerables y empobrecidas enfrentan con pocos recursos los efectos del deterioro ambiental, las olas de calor, las sequías, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos, los ultrarricos aceleran el deterioro ambiental global por las emisiones desmedidas generadas a través de sus patrones inversión, consumo y movilidad”, destaca la organización.
En ese punto, se centra en revisar el transporte de los ultrarricos. El sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en México, representando el 23 por ciento de las emisiones totales según la información presente en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0).
En concreto, la aviación privada alcanzó al menos 15.6 megatoneladas de CO2 en 2023, con un promedio de 3.6 toneladas por vuelo y sus emisiones aumentaron 46 por ciento entre 2019 y 2023. En ese punto, agregó Oxfam México, los jets privados son entre cinco y catorce veces más contaminantes por pasajero que los vuelos comerciales y 50 veces más que los trenes.
Sin embargo, México tiene un amplio parque de aviones privados y compite directamente con Brasil por ser el segundo país con más aeronaves privadas en todo el mundo, con una flota registrada de mil 841 unidades, recuperó Oxfam.
Agregó que un jet privado contamina entre 5 y 14 veces más por pasajero que un vuelo comercial, y 50 veces más que un tren. Y las operaciones están tan centralizadas que casi la totalidad de los vuelos en este tipo de aeronaves ocurren en sólo 13 aeropuertos del país, principalmente en Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
No obstante, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aviación Civil no distinguen entre vuelos comerciales y privados para el cobro de autorizaciones. De hecho, las normas actuales exentan por completo a las aeronaves privadas del pago de derechos por permisos de vuelo, halló Oxfam México.
Otra cara de este privilegio para contaminar más que los demás se cuenta en los yates privados, un transporte que puede emitir alrededor de 7 mil 20 toneladas de CO2 al año, aproximadamente mil 400 veces más que la huella de carbono per cápita mundial, de acuerdo con Oxfam México.
En el país se han identificado mil 796 embarcaciones de gran tamaño en el país, con un valor mediano de 24.3 millones de pesos por unidad. El 68 por ciento de sus operaciones portuarias se concentra en dos estados: Quintana Roo y Baja California.
De ahí que Oxfam México llama a poner una serie de gravámenes que van desde la tributación progresiva sobre la propiedad de bienes de alto valor; hasta el precio justo por el uso de infraestructura pública y que se pague un costo significativo para la mitigación de emisiones; es decir, que exista “un principio de responsabilidad ambiental donde quienes más contaminan paguen más para reparar los daños colectivos que provocan”
Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal de Oxfam México, señaló que detrás de este tipo de vehículos se evidencia “una fuente relevante de emisiones que profundiza la crisis climática”. De ahí que “la discusión sobre estos gravámenes debe insertarse en una reflexión más amplia sobre el tipo de sociedad que se busca construir, la distribución de responsabilidades frente a la crisis climática y el papel del estado en la garantía de derechos y bienes públicos”, subrayó Alexandra Haas, directora ejecutiva de la organización.
Edición: Ana Ordaz
