Opinión
La Jornada
26/05/2026 | Ciudad de México
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos no ha satisfecho ninguna de las 269 solicitudes de extradición planteadas por México desde el 1º de enero de 2018 hasta el 13 de mayo pasado. De ese total, 36 requerimientos fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir. Uno de esos casos es el de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, a quien las investigaciones ubican como autor intelectual del asesinato del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez.
A nueve años de ese crimen, su viuda, Griselda Triana, reiteró la exigencia a las autoridades estadunidenses de que informen sobre los avances en el proceso de extradición a México de López Serrano. Triana denunció que el narcotraficante –confeso y sentenciado– sigue gozando de los privilegios del sistema de justicia de Estados Unidos y que han pasado años sin información oficial acerca de la solicitud para extraditarlo.
El caso de El Mini Lic López Serrano exhibe en toda su crudeza el tipo de delincuentes a los que Washington protege al ignorar las peticiones mexicanas. Al mismo tiempo, es una muestra de hasta qué punto, en los hechos, las instancias de justicia estadunidenses operan como factores de impunidad al negociar con criminales; reducir, conmutar y hasta anular penas con total discrecionalidad.
Como se ha referido en este espacio, El Mini Lic se entregó al gobierno de Estados Unidos en 2017, tras el fracaso de una intentona de su padre para hacerse con el control del cártel de Sinaloa. Las autoridades de ese país le dieron el estatus de testigo protegido y lo recompensaron ampliamente por sus servicios: en 2022 le crearon una nueva identidad para ponerlo a salvo de sus rivales (y de la justicia mexicana), le proporcionaron un domicilio y lo pusieron en libertad. Pese a que en 2024 la FBI lo arrestó por coordinar la entrega de tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles, los fiscales renovaron el “acuerdo de cooperación” suscrito años atrás.
La contradicción entre las demandas de combate al crimen organizado que la Casa Blanca y varias agencias de espionaje estadunidenses formulan a México, y la aplicación selectiva y arbitraria de la ley por parte de su sistema jurídico, se vuelve más reveladora al recordar que el gobierno de Donald Trump clasifica como terroristas a organizaciones dedicadas al narcotráfico, incluido el cártel de Sinaloa. Esto implica que fiscales, jueces y cualquier otra autoridad tienen prohibido entablar negociaciones con los miembros de dichos grupos, y que darles privilegios es, según sus propias leyes, cooperación con el terrorismo. Sin embargo, uno de los protectores convictos de esa organización delictiva, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue arbitrariamente indultado por el propio Trump en diciembre del año pasado. Ante esta cadena de obstrucciones a la justicia, es preciso tener claro quién encubre y da protección a los delincuentes.
Asimismo, resulta imperativo redoblar los esfuerzos para que Dámaso López Serrano y otros criminales sean entregados a México, donde deben ser juzgados de acuerdo a derecho, sin las componendas opacas y cómplices que se encuentran normalizadas en los tribunales estadunidenses. Es necesario remarcar que el asesinato de Javier Valdez no sólo fue un crimen contra él y sus seres queridos, sino también contra la transparencia, la libertad de expresión y el derecho a la información de sus lectores.
Edición: Ana Ordaz
