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La Jornada
29/05/2026 | Ciudad de México
Alexia Villaseñor y Jared Laureles
A casi cuatro meses del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que afectó mil 100 kilómetros de costas, Greenpeace México presentó dos denuncias para exigir que las autoridades investiguen e identifiquen a los responsables de la contaminación, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien acusa de ocultar información.
Las denuncias fueron interpuestas ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y la Unidad de Responsabilidades de Pemex, luego de que apenas el 16 de abril, casi dos meses después del derrame, la empresa estatal reconociera finalmente que la fuga de combustible se originó en sus instalaciones en la plataforma de Abkatún Cantarell, a pesar de que organizaciones civiles y comunidades reiteraran del daño ambiental desde principios de marzo.
Entre los hechos que Pemex admitió en conferencia de prensa se encuentran la pérdida de integridad mecánica y reparación de un oleoducto no reportados, el ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada y la demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame a principios de febrero.
En la denuncia ante la ASEA el 4 de mayo pasado, y dada a conocer este jueves, Greenpeace pidió que las autoridades investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.
En ella, la organización expresó su preocupación por la escasa información sobre riesgos de exposición a los hidrocarburos, deficiencias en la entrega de equipos de protección personal y ausencia de claridad sobre el manejo final de los residuos contaminantes en las comunidades.
Alertó sobre posibles desigualdades en la atención institucional, ya que distintas organizaciones y comunidades han denunciado que las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras comunidades rurales e indígenas habrían recibido respuestas tardías o insuficientes.
“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”, agregó.
Ayer, la organización ambiental también presentó una segunda denuncia ante la Unidad de Responsabilidades Pemex para que se investiguen posibles actos y omisiones relacionados con el manejo del derrame y el ocultamiento de información.
Detalló que esta denuncia solicita que se investiguen posibles responsabilidades del entonces director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otras personas servidoras públicas que pudieran haber participado en actos u omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el flujo de información hacia los altos mandos de la empresa.
Añadió que en el escrito presentado también solicitó que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades competentes entreguen toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026 que afectó playas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
Asimismo, la organización pidió que se impongan las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en caso de acreditarse las conductas denunciadas y se dicten medidas para garantizar la no repetición, la reparación integral del daño ambiental y la transparencia en la atención del caso.
“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se pondrán en marcha para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”, señaló Greenpeace México.
Edición: Emilio Gómez
