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La Jornada
03/06/2026 | Ciudad de México
Diversas organizaciones sociales, colectivos y representantes indígenas manifestaron su solidaridad con la comunidad nahua de Santa María Ostula y con su Guardia Comunal, al tiempo que denunciaron una escalada de violencia en la región Costa-Sierra de Michoacán que ha cobrado la vida de autoridades comunitarias, profesores y comuneros desde 2009, comprometidos con la defensa de sus territorios.
A través de un pronunciamiento, señalaron que los recientes ataques contra comunidades indígenas como Santa María Ostula, Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila no son hechos aislados, sino parte de una larga historia de agresiones contra pueblos que han ejercido su derecho a la libre determinación y han construido mecanismos propios de organización y seguridad.
Los inconformes advirtieron sobre la presencia y operación de grupos criminales en la región, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que atribuyen una serie de asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados contra las comunidades indígenas de la Costa-Sierra michoacana.
“Estos grupos han operado bajo condiciones de impunidad que sólo pueden explicarse por la tolerancia, la omisión o la aquiescencia de distintos niveles del Estado mexicano y del gobierno de Michoacán”, señalaron.
En el comunicado se retomaron denuncias históricas de la comunidad de Ostula sobre la existencia de una "guerra de despojo" contra los pueblos indígenas de la región, que busca debilitar el tejido comunal, expulsar a la población de sus territorios y destruir las instituciones que han permitido la defensa de la tierra y la autonomía a través de los años.
Los colectivos advirtieron además que la crisis de violencia que enfrentan las comunidades nahuas de Michoacán es parte de un fenómeno más amplio que afecta a diversos territorios indígenas del país, incluyendo regiones de Guerrero y Chiapas.
En el pronunciamiento se rechazaron las recientes declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien señaló presuntos vínculos de la Guardia Comunal de Santa María Ostula con actividades delictivas.
“Estas afirmaciones constituyen un acto de criminalización contra una institución comunitaria reconocida por la asamblea comunal y respaldada por sistemas normativos indígenas. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión, provocación o acto que vulnere el derecho de los pueblos indígenas a proteger su territorio, su organización comunitaria y su propia existencia", señalaron.
De igual forma, expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas de recientes ataques en la región, entre ellas un profesor asesinado y una maestra que resultó gravemente herida en una emboscada, donde también perdieron la vida autoridades comunitarias de Pómaro.
Exigieron respeto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, justicia para las autoridades comunitarias y profesores asesinados, así como el esclarecimiento de las agresiones cometidas contra las comunidades de Ostula, El Coire, Pómaro y San Miguel Aquila.
Finalmente, las comunidades indígenas afirmaron que la defensa de la autonomía indígena constituye una de las principales herramientas para la protección de la vida, el territorio y la organización comunitaria frente al asedio de grupos armados en la zona.
Edición: Ana Ordaz
