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La Jornada
26/06/2026 | Ciudad de México
Jessica Xantomila
En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se conmemora hoy, sobrevivientes y familiares de personas que han padecido este flagelo en diversos estados del país denunciaron que esta práctica sigue siendo generalizada y es cometida no sólo por fuerzas de seguridad de todos los niveles, sino también en centros de detención, en el contexto de protestas sociales, en las estaciones migratorias y en instituciones de salud mental y de rehabilitación por adicciones.
En la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, procedentes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Jalisco y Quintana Roo, realizaron una protesta, que incluyó una cascarita futbolera. Desde ahí, lamentaron que frente a la realidad, la respuesta del Estado “ha sido insuficiente”.
Señalaron que a casi una década de la adopción de la Ley General contra la Tortura, las fiscalías especializadas carecen de autonomía, recursos y capacidad; mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención “no actúa con independencia; y herramientas fundamentales como el Protocolo de Estambul han sido distorsionadas para encubrir la tortura en lugar de investigarla”.
Rubén Rivera Torres, originario de San Luis Potosí, relató que fue víctima de tortura en 2010 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y estuvo detenido por 13 años, sin sentencia. Sin embargo, deploró, las autoridades “ni siquiera han abierto una carpeta de investigación contra los agentes y la fiscalía estatal; muchos menos reparación. Es una revictimización tremenda”.
Denisse Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), expuso que además del caso de Rubén acompañan 20 más por tortura. “En Jalisco no se reconoce la existencia de la tortura, no hay ningún tipo de política pública encaminada a la prevención y mucho menos a la atención de los sobrevivientes”.
Indicó que a casi una década de la publicación de la ley general contra la tortura estableció la obligación de crear fiscalías especializadas para investigar este delito, “no se ha materializado en la entidad”.
Los sobrevivientes, familiares y organizaciones civiles destacaron también lo que ocurre en Chiapas, en donde “la tortura sigue cometiéndose incluso en las instalaciones de la Fiscalía General del estado”.
Manifestaron igualmente su “gran decepción” que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “revictimiza. Su desempeño es tan pobre que incluso tenemos que litigar en contra de dicha institución para poder acceder a nuestro derecho a una reparación integral. Esta ha sido la lucha incansable de nuestros compañeros y compañeras Rogelio Amaya, Rubén Rivera y los hermanos Verónica y Erick Razo”.
Demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a que “deje de negar que existe la tortura, e implemente medidas efectivas para su prohibición absoluta” y pidieron el reconocimiento pleno de víctimas, sobrevivientes y familiares como agentes clave en la prevención de la tortura; la eliminación del arraigo, la prisión preventiva oficiosa y las detenciones arbitrarias; la culminación e instrumentalización efectiva del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura; así como que investigaciones independientes y sanciones efectivas contra todos los responsables, entre otras.
Edición: Ana Ordaz
