Nacional > Sociedad
La Jornada
02/07/2026 | Ciudad de México
César Arellano García
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cesó a 43 abogados que integraban el área de Trabajo Social de este Órgano de Administración Judicial (OAJ), enfocada en evaluar el contexto socioeconómico de las personas que requieren acceso a la justicia para determinar si el caso requiere defensa penal o asesoría jurídica.
Fuentes indicaron que las plazas se eliminaron y que los afectados no eran personal administrativo, sino profesionales encargados de hacer estas investigaciones socioeconómicas, dictámenes, así como evaluar condiciones de vulnerabilidad para garantizar una defensa jurídica integral.
Señalaron que los oficios de terminación laboral fueron emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y surtieron efecto a partir del 1 de julio. El área de comunicación social del dicho instituto señaló que su director, Benjamín Rubio Chávez, por el momento no dará entrevistas para hablar sobre el despido masivo.
Los afectados
Del total de trabajadores despedidos, 39 son mujeres y cuatro hombres, con el cargo de analista especializado nivel 27-C, que estaban distribuidos en las 31 delegaciones del IFDP. Eran parte de los equipos interdisciplinarios y desempeñaban funciones técnicas especializadas indispensables para la prestación integral del servicio de asesoría jurídica. De acuerdo con fuentes, los despidos fueron del 26 al 30 de junio.
Tras publicar un video donde una abogada afectada es atendida en medio de una crisis por su despido, la Magistrada de Circuito en retiro María Emilio Molina señaló que el trabajo de estas personas permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
Las fuentes reiteraron que hasta la fecha no existe información pública que permita conocer si las plazas fueron eliminadas, transformadas o reasignadas; no se conocen las razones individualizadas que motivaron cada uno de los ceses y no existe información que permita vincular la medida con conflictos laborales, reclamaciones colectivas o movimientos de protesta por parte del personal perjudicado.
Sin embargo, agregaron que varios trabajadores promovieron acciones legales para impugnar la terminación de sus nombramientos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazó “el trato arbitrario” a los trabajadores de la Defensoría Pública.
Reasignación de tareas
A través de oficios la dirección del IFDP comunicó a las delegaciones estatales sobre la redistribución de funciones, "la cual deberá observarse de manera obligatoria" por todo el personal, derivada del despido de los 43 abogados que realizaban esas funciones.
El documento que circula entre el personal del IFDP, del cual La Jornada tiene copia, señala que con el objeto de evitar afectaciones en la atención de los asuntos encomendados a las Personas Defensoras Públicas Federales y Asesores Jurídicos Federales, se determina la redistribución de funciones, la cual será de manera "obligatoria".
Foto: La Jornada
Entre las nuevas tareas que realizará el personal son los los estudios socioeconómicos. El oficio detalla que cuando, con motivo de la tramitación de un asunto, resulte necesario contar con un estudio de este tipo, el defensor público federal o asesor jurídico deberá solicitarlo directamente al área competente de Servicios Periciales, remitiendo copia de la solicitud a esta delegación para su conocimiento y seguimiento.
Las solicitudes deberán formularse con la debida anticipación, considerando los tiempos que requiere su atención, a efecto de evitar retrasos en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos.
La segunda tarea es que tendrán que realizar notificaciones personales. "Las diligencias de notificación personal que anteriormente eran atendidos por el Area de Trabajo Social serán realizadas por la persona oficial administrativa adscrita a la clave correspondiente del defensor público o asesor jurídico Federal responsable del asunto".
Para tal efecto, los titulares de las claves deberán coordinar oportunamente dichas diligencias con el personal administrativo a su cargo.
Asimismo estarán al frente de la atención telefónica y presencial de los usuarios. El documento apunta que con la finalidad de mantener una atención permanente y de calidad a los usuarios que a diario se comunican vía telefónica o acuden a las oficinas de las delegaciones del IFDP, se llevará a cabo un rol semanal para la atención telefónica y presencial, así como para la canalización correspondiente.
"En dicho rol participarán los oficiales administrativos de cada clave, conforme a la programación que oportunamente emitirá la administración de esta delegación, debiendo brindar una atención respetuosa, diligente, profesional y orientada al servicio público".
Los trabajadores designados deberán canalizar oportunamente a los usuarios o sus llamadas cuando el asunto corresponda al defensor público o asesor jurídico Federal responsable.
Los titulares de las delegaciones exhortaron a todo el personal a mantener la colaboración, disposición y "compromiso institucional que distingue a a esta delegación, privilegiando en todo momento el derecho de acceso a la justicia de las personas usuarias y observando los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad y excelencia que dejen el servicio público".
Edición: Mirna Abreu
