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La Jornada Maya
09/07/2026 | Yucatán y Campeche
Comunidades mayas de Homún, Yucatán, y Hopelchén, Campeche, celebraron el avance jurídico de gran relevancia luego de que la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera asumir la competencia para conocer tres asuntos sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la justicia ambiental y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la guardianía como un medio de hacer efectivo el derecho al territorio en México.
La SCJN aceptó discutir a profundidad el expediente SEFA 223/2026, que tiene su origen en la lucha del pueblo maya de Homún contra la expansión de la industria porcícola dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes.
En este caso, las comunidades solicitan que se reconozca personalidad jurídica a esta reserva, integrada por un sistema de cenotes y acuíferos que constituye un ecosistema altamente vulnerable debido a la naturaleza kárstica del territorio.
Detallan que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en esta reserva operan alrededor de 352 granjas porcícolas, cuya operación y futura expansión representa un riesgo para la calidad del agua, la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
“El reconocimiento del Anillo de los Cenotes como sujeto de derechos implicaría también reconocer la estrecha relación que el pueblo maya mantiene con este territorio y establecer un modelo de protección en el que las comunidades ejerzan un papel de guardianas y custodias de estos ecosistemas.
“Para el pueblo maya, los cenotes no constituyen únicamente cuerpos de agua. Son espacios profundamente vinculados con su historia, espiritualidad, organización comunitaria, conocimientos tradicionales y prácticas culturales, elementos que integran su patrimonio biocultural”, destacaron el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C. en un comunicado.
El segundo caso aceptado por la SCJN es el asentado en la carpeta SEFA 224/2026 para analizar la compatibilidad de la expansión de la industria porcícola con la protección de ecosistemas altamente frágiles. Este caso tiene como antecedente la lucha emprendida por niñas, niños y adolescentes del pueblo maya Homún, en Yucatán, quienes desde 2018 obtuvieron la suspensión de operaciones de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola), convirtiéndose en uno de los litigios ambientales más emblemáticos del país.
La Corte estimó que este asunto permitirá analizar si la autorización, instalación y operación de una megagranja porcícola dentro del Anillo de Cenotes, un ecosistema kárstico protegido y reconocido como sitio Ramsar, vulnera los derechos humanos al agua, al medio ambiente sano, a la salud, a la identidad cultural, a la libre determinación del pueblo maya y al interés superior de la niñez, además de definir estándares de protección reforzada cuando exista riesgo de daños ambientales irreversibles.
Y el último caso, en la carpeta SEFA 224/2026, se refiere a la documentación de la muerte masiva de abejas asociada al uso de plaguicidas, entre ellos fipronil y diversos neonicotinoides en el municipio de Hopelchén, Campeche.
Comunidades mayas solicitan que las abejas sean reconocidas como sujetos de derechos porque forman parte de un patrimonio biocultural construido durante siglos, estrechamente relacionado con la apicultura tradicional, la alimentación, las prácticas rituales, el conocimiento ecológico y la identidad cultural de las comunidades.
“Su eventual reconocimiento como sujetos de derechos representaría un avance significativo en la protección de la biodiversidad y en la construcción de un modelo de justicia ambiental que incorpore la diversidad biocultural de México”, señalaron las organizaciones.
Ministros admitieron que analizar este caso podría sentar un criterio que reconozca a la abeja melipona, estrechamente vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, como Sujetos de Derecho o elemento jurídico de protección mediante la protección integral de los pueblos indígenas que han mantenido una relación histórica con esta especie.
Además, permitiría llevar a cabo una interpretación del artículo 2 constitucional en conjunción con el artículo 4 de la propia Constitución lo que permitiría la actualización de las normas mexicanas para abordar las fumigaciones aéreas, ya sea a través de drones o avionetas; tal es el caso de la Nom 052 y de la consideración de la abeja como polinizadora y ser integrada en el catálogo de especies en peligro de extinción.
“Las abejas desempeñan una función ecológica en la región y en la vida del planeta, pero también están ligadas indisolublemente con los habitantes de la región, con los habitantes del pueblo maya y nos permitirá analizar el alcance de este concepto que está en el artículo 2 de la Constitución Federal”, señaló el ministro Hugo Aguilar Ortiz durante la sesión.
“Reconocemos el respaldo expresado por la mayoría de las y los ministros y señalamos un extrañamiento importante por la negativa de la ministra Estela Ríos para posicionarse a favor de la atracción de los tres asuntos relacionados con los derechos bioculturales del pueblo maya y los derechos de la naturaleza”, advirtieron las organizaciones no gubernamentales.
Edición: Estefanía Cardeña
