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Astrid Sánchez
25/08/2026 | Mérida, Yucatán
La península de Yucatán figura entre los corredores de mayor riesgo para el tráfico ilegal de loros en México, de acuerdo con una investigación internacional que reconstruyó casi tres décadas de operación de estas redes y analizó más de 6 mil registros de decomisos para identificar las rutas utilizadas y predecir dónde podrían operar los traficantes en el futuro.
“Este enfoque predictivo proporciona una hoja de ruta transferible para que las autoridades desmantelen de forma proactiva no solo el tráfico de vida silvestre, sino también otras cadenas de suministro ilícitas, ofreciendo una herramienta basada en datos para proteger la biodiversidad global y mejorar la seguridad”, detalla la investigación realizada por científicos de la Universidad Nacional de Australia (ANU), con participación de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).
El estudio combina ecología del paisaje y criminología para analizar cómo ha evolucionado el comercio ilegal de estas aves. Los resultados ubican al sureste de México y, particularmente, a la península de Yucatán, entre las zonas donde se concentra la actividad de estas redes.
“La mayor concentración de flujo de tráfico se da en el sureste de México, que comprende una red de rutas críticas en las áreas al este del Istmo de Tehuantepec y a través de la península de Yucatán. Las carreteras clave que conducen a las ciudades de Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Campeche, o que las atraviesan, mostraron las actividades más intensas”, señala el artículo “Factores determinantes y rutas predecibles de una red de comercio ilegal de vida silvestre”, publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, PNAS, por sus siglas en inglés.
Foto: PNAS
Los investigadores examinaron 6 mil registros de confiscación realizados entre 1997 y 2024, un periodo que incluyó cambios importantes en las políticas de protección de los loros, como la prohibición impuesta en México en 2008 a la captura y comercio de ejemplares nativos, así como las alteraciones provocadas por la pandemia de Covid-19.
El análisis mostró que las redes de tráfico no desaparecieron con los cambios legales, sino que modificaron sus rutas y formas de operación conforme cambiaron las condiciones sociales y económicas.
La investigación encontró que la mitad de las 20 especies de loros nativos de México analizadas están directamente amenazadas por la caza furtiva para el comercio ilegal. Desde 1993, ninguna especie de loro mexicano ha mejorado su estado de conservación.
El deterioro resulta especialmente preocupante porque, de acuerdo con los investigadores, estas aves enfrentan actualmente un riesgo de extinción considerablemente mayor al registrado entre las aves a nivel mundial. La caza furtiva se ha convertido en una de las amenazas más extendidas y de mayor impacto, incluso por encima de la pérdida de hábitat provocada por actividades como la agricultura y la tala.
Para reconstruir las posibles rutas utilizadas por los traficantes, el equipo adaptó un modelo empleado habitualmente para estudiar el movimiento de fauna silvestre a través de los paisajes. México fue representado como una red eléctrica: las poblaciones de loros funcionaron como puntos de origen, los sitios de decomiso como destinos y la red carretera como los conductos por donde podría desplazarse el tráfico.
Foto: Rodrigo León Pérez
Con este modelo, los científicos calcularon dónde se concentraría la mayor “corriente” de ejemplares traficados y encontraron una red de corredores de alto riesgo que no se distribuye de manera aleatoria. Entre ellos destacan el sureste del país y la península de Yucatán.
Otro de los hallazgos apunta a que el tráfico opera a distancias cada vez mayores. Los decomisos se registraron con mayor frecuencia a cientos de kilómetros de los hábitats naturales de los loros y, en numerosos casos, en grandes ciudades como Ciudad de México.
Para los investigadores, este patrón indica la existencia de cadenas de suministro de larga distancia y mayor organización, en contraste con la idea de que el tráfico se limita a capturas aisladas realizadas de manera local.
George Olah, autor principal del estudio y becario de la Escuela Fenner de Medio Ambiente y Sociedad de la ANU, señaló que las redes dedicadas al tráfico de fauna se adaptan constantemente a las condiciones sociales y económicas.
“Tras analizar casi 30 años de datos, descubrimos que estas redes criminales se adaptan de forma predecible a medida que cambian las condiciones socioeconómicas”, afirmó.
El investigador explicó que el comercio pasó de la captura oportunista en zonas rurales a cadenas de suministro más sofisticadas, impulsadas por la demanda urbana.
Foto: Foto: Rodrigo León Pérez
El análisis también encontró una preferencia sistemática por especies grandes y carismáticas, entre ellas las guacamayas y los loros amazónicos, cuya extracción ocurre a un ritmo considerado insostenible para sus poblaciones silvestres.
Los resultados fueron incorporados a la plataforma interactiva https://stopparrottrade.org/, de acceso restringido para autoridades policiales verificadas. El sistema permite consultar zonas de alto tráfico por especie y jurisdicción, identificar rutas de riesgo y enfocar las operaciones en corredores específicos.
Greg Asner, coautor del estudio y director del Centro para el Descubrimiento Global y la Ciencia de la Conservación de la ASU, señaló que la herramienta busca modificar la forma en que se combate este delito.
“Esta herramienta permite a las autoridades pasar de una postura reactiva a una intervención proactiva. Al anticipar la actividad delictiva e identificar los cuellos de botella en el transporte, las fuerzas del orden pueden desplegar estratégicamente recursos para interceptar a los traficantes antes de que los animales lleguen a los mercados urbanos”, afirmó Asner.
El alcance del modelo podría extenderse más allá del tráfico de loros. Olah señaló que las organizaciones criminales pueden utilizar los mismos corredores para trasladar diferentes tipos de contrabando.
Los investigadores plantean que la metodología podría adaptarse para estudiar el tráfico ilegal de madera, fauna marina y otras modalidades de delincuencia organizada. Además, trabajos posteriores del equipo incorporan análisis de ADN forense para determinar el origen de los animales decomisados y fortalecer los procesos penales.
“Al integrar la teoría criminológica con la ciencia del paisaje, estamos proporcionando un nuevo arsenal de herramientas basadas en datos que pueden fortalecer la conservación de la biodiversidad y, al mismo tiempo, apoyar los esfuerzos transnacionales para combatir el crimen organizado”, sostuvo Olah.
