Eduardo Murillo
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la decisión de reabrir los pozos de las cuencas de los ríos Sonora y Bacanuchi, pese a que sus habitantes denunciaron que su agua está contaminada con manganeso y cianuro.
Dichas fuentes de líquido fueron afectadas en agosto de 2014, por el derrame de sulfato de cobre acidulado de una mina de Grupo México, ubicada en Cananea, Sonora.
De inmediato, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó la clausura de 36 pozos de estas cuencas, ante el temor de que hubieran sido contaminados, sin embargo, el 9 de octubre siguiente afirmó que análisis de laboratorio revelaban que el agua era apta para consumo humano.
Contra esta decisión, un grupo de agricultores y habitantes de la región interpusieron un amparo, tomando como base documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia que señalaban la existencia de manganeso y cianuro en dos de los pozos reabiertos.
Esta impugnación llegó hasta la SCJN, donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso negar el amparo y avalar con ello la apertura de los pozos, debido a que sus niveles de contaminación se encuentran dentro de los límites aceptables, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El fallo tomó como base los resultados de los análisis de la Cofepris, que señalaron la presencia de hasta 0.011 miligramos de arsénico por cada litro de agua, de 0.121 miligramos de manganeso.
La propuesta aprobada señala que estos niveles no son peligrosos para la salud: si bien la Cofepris determinó que este pozo tiene una milésima parte más de arsénico (0.011), lo cierto es que resulta razonable, primero, porque el análisis químico se sitúa en la expresión mínima aritmética que correspondería a una fracción milesimal del litro; y segundo, porque la propia Organización Mundial de Salud reconoce en sus guías que..."hay escasa información disponible relativa a sus efectos sobre la salud”.
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