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La Jornada
14/10/2026 | Ciudad de México
Jessica Xantomila y Jesús Estrada
Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quedó exonerado de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio de las instalaciones del puente internacional Lerdo, ocurrido el 27 de marzo de 2023, donde fallecieron 40 migrantes.
La decisión judicial de eximir a Francisco Garduño “demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad”, señalaron organizaciones civiles, las cuales recordaron que el siniestro dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados.
Audiencia
La audiencia del martes tuvo múltiples recesos y traducción a la lengua maya k’iche’, por consideración a la mayoría de las víctimas directas e indirectas, quienes tienen origen guatemalteco.
A su llegada al Centro de Justicia Penal Federal, en Ciudad Juárez, al mediodía para la audiencia de suspensión del proceso penal, Garduño fue recibido con gritos de “asesino” y “justicia”, por parte de un grupo de 20 manifestantes.
Pese a la queja de las víctimas, algunas de las cuales señalaron que todavía no reciben atención médica, y que dijeron estar insatisfechas con la disculpa que dio Francisco Garduño, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón sobreseyó la causa penal 237/2023, determinando que el excomisionado sí cumplió con el pago de indemnizaciones, pidió perdón en un acto público y ha cursado capacitaciones en derechos humanos y protección civil.
Durante el desarrollo de la diligencia, Francisco Garduño permaneció en silencio hasta escuchar la resolución del juez; al salir del tribunal, dio declaraciones a los medios de comunicación en las que aseguró que siempre ha sido respetuoso de los derechos humanos.
“Se terminó la audiencia y con eso yo agrego que siempre he sido respetuoso de los derechos humanos, hace muchísimos años, y en esta ocasión el juez resolvió cumplidas las condiciones”.
El 24 de enero del 2025, Garduño recibió el beneficio de la suspensión condicional del proceso, en esa fecha un juez federal le impuso condiciones para que, en un plazo de 18 meses, cumpliera requisitos y se desechara la acusación en su contra por ejercicio ilícito del servicio público, lo cual sucedió finalmente hoy martes.
La asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) que representa a diez migrantes sobrevivientes y a diez núcleos familiares de víctimas fallecidas, señaló que el INM continúa con las prácticas que provocaron el incendio donde murieron 40 migrantes, por ejemplo, las detenciones que superan el límite legal de 36 horas y el alojamiento forzado.
“En julio de 2023, medios de comunicación reportaron la inauguración de un mural en la estación migratoria de Ciudad de México Las Agujas, presentado por el INM como parte de la humanización de las estancias, una estrategia para limpiar la imagen de las estaciones luego del incendio. Tres años después, en 2026, se han reportado dos incendios más en estaciones migratorias: en Janos, Chihuahua, y Tapachula, Chiapas”.
“Resulta alarmante que vuelvan a surgir elementos que recuerdan las fallas documentadas tras el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023. Pintar paredes no humaniza la detención. Las estaciones migratorias no pueden seguir siendo espacios de impunidad y vulneración de derechos”.
El incendio de la estancia migratoria, ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023, causó la muerte de 40 migrantes y dejó a otros 27 con lesiones permanentes, asimismo 15 mujeres sobrevivieron, sin que a la fecha ellas sean reconocidas como víctimas.
Exoneración demuestra que el sistema protege a los poderosos: Ongs
La decisión judicial de eximir a Francisco Garduño “demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad”, señalaron organizaciones civiles.
Enfatizaron que en esta resolución la deuda mayor “es con la justicia, las familias de los fallecidos, y con las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible; no debieron morir 40 personas, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, donde destacamos, que aún no han sido reconocidas como víctimas 15 mujeres”.
La impunidad institucional, destacaron, sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos.
“Esta resolución revictimiza a las familias de los 40 fallecidos y a las y los sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral. Las fallas estructurales y la omisión estatal no pueden quedar absueltas por un sistema judicial a la medida del poder”, sostuvieron en un pronunciamiento Fundación para la Justicia, DHIA, el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otros.
Indicaron que con lo resuelto por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, “volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder. La exoneración de Francisco G. Y. tras la tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez confirma que en México la justicia es selectiva”.
No obstante, expusieron que desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a algunas familias de fallecidos y sobrevivientes “seguiremos con paso firme en la defensa y promoción de los derechos de las personas en contextos de movilidad humana. No normalizaremos la impunidad. Exigimos justicia real, memoria y garantías de no repetición”.
Edición: Estefanía Cardeña
