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La Jornada
05/11/2026 | Ciudad de México
Enrique Méndez y Fernando Camacho
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió su investigación de irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales (Ople), y revisará todos los contratos otorgados desde 2000 a 2025 relacionados con el oligopolio de empresas de papelería y servicios.
Detalló que sus trabajos de inteligencia le permitieron comprobar “la comisión de múltiples irregularidades históricas” vinculadas con grupos empresariales y la investigación se extiende hasta las operaciones del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE).
Según el informe de la cuenta pública 2025, los montos acumulados en contratos otorgados a empresas vinculadas con el escándalo de corrupción en el INE ascienden a 3 mil 790.3 millones de pesos, y de éstos, 3 mil 360.3 millones, esto es 88.7 por ciento, fueron suscritos por los OPLE.
De este monto, 2 mil 601.1 millones de pesos fueron asignados por sólo 10 Ople: Veracruz, con 484.4 millones; Oaxaca, donde Guadalupe Taddei colocó a Iliana Aracely Hernández de secretaria ejecutiva, 370.3 millones; Coahuila, 306.3 millones; Puebla, 286.6 millones; Nuevo León, 253.9 millones; Baja California, 223.3 millones; Aguascalientes, 211 millones; estado de México, 163.7 millones; Jalisco, 159.5 millones, y Yucatán, 151.1 millones.
Otros 16 Ople adjudicaron contratos por 750.2 millones de pesos; y 430 millones por el INE, detalla el informe de la Cuenta Pública 2025.
Ayer, la ASF explicó en un comunicado que la investigación iniciada a partir de las irregularidades detectadas en la conducción de Guadalupe Taddei Zavala como ex presidenta del Consejo General del INE se desarrolla en tres principales líneas de trabajo.
Esto es, una investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los Ople, así como del INE y el entonces IFE.
Emprendió además un estudio histórico de las adquisiciones del IFE, del desaparecido INE y de todos los Ople, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de grupos empresariales y/o funcionarios públicos de las autoridades electorales.
Asimismo, una auditoría integral del INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los Ople.
El viernes pasado, el auditor Aureliano Hernández informó que envió oficios a todos los gobernadores de los estados, para que informen el ejercicio del presupuesto que se transfiere desde la Federación a los órganos electorales locales.
“La ASF realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”, indicó ayer el órgano fiscalizador.
Edición: Ana Ordaz
