Chocan IP y sector público por subcontratación

Enrique Méndez

Empresarios rechazaron este lunes la iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informaron que esa práctica mantiene salarios simulados que afectan la atención e infraestructura médica, así como el ahorro y los créditos de asalariados.

En el parlamento abierto convocado por las comisiones de Hacienda y del Trabajo de la Cámara de Diputados para revisar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora de Incorporación y recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, explicó que las empresas de terciarización realizan pagos no auditables por el Instituto, como honorarios, asimilados a honorarios, tarjetas y se utilizan conceptos que no se integran el salario base de cotización para disfrazar al salario de los trabajadores.

“Hemos visto un crecimiento desmedido de los esquemas abusivos de la subcontratación y necesitamos poner fin a esto”, dijo la funcionaria al participar en el foro, en nombre del titular del IMSS, Zoé Robledo.

Informó que, en operativos conjuntos con el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera a empresas con indicios de evasión, se confirmó que había un registro menor del salario al que realmente se pagaba a los trabajadores, con una variación de entre 40 a 400 por ciento.

Asimismo, el director del Infonavit, Carlos Martínez, refirió que el abuso es tal que un trabajador que está en un mismo centro de trabajo, por ejemplo un hotel, que acude a su centro laboral todos los días durante una década puede tener 10 patrones en un año.

Ello implica, agregó, que no tiene continuidad laboral y eso le impide solicitar un crédito de vivienda. “¿Qué clase de Estado queremos, si un trabajador que cotiza de manera discontinua porque le cambian de patrón sin avisar, no tiene garantizado su futuro”.

Sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo es correcta y está basada en evidencia concreta.

Bettina Schaller, presidenta de la Confederación Mundial del Empleo (WEC por sus siglas en inglés), cuestionó qué hay empresas deshonestas que distorsionan la industria del empleo privado, lo cual no puede seguir y manifestó el “pleno soporte” de esa organización para crear el nuevo marco regulatorio en México en materia de subcontratación.

En contraste, la propuesta generó la molestia del sector empresarial, al grado que Raúl Maillard Barquera, presidente de la comisión laboral de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, exclamó: “Las capacidades del gobierno, como las de ustedes, diputados, da para proponer mejores propuestas”.

Planteó “no satanizar la figura” de la subcontratación y dijo que prohibir este mecanismo regresaría a la informalidad a los 200 mil trabajadores adicionales que anualmente son contratados por esta vía.

Edición: Laura Espejo