Cuerpos policiacos, instancias públicas que más violentan DH: Inegi

Rosa Elvira Vargas

Las policías y otros cuerpos del orden se mantienen como las instancias públicas que en mayor grado cometen en México violaciones a los derechos humanos.

Los datos registrados en el Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos federal y estatal 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) reportan que 68.3 por ciento de los 786 servidores públicos sancionados el año pasado con apercibimiento o amonestación “provenían de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública y/o vialidad en el ámbito municipal y de la seguridad pública en el ámbito estatal”.

A nivel nacional, en 2019 se reportaron 140 mil 486 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de acuerdo con lo asentado en los expedientes respectivos y de los cuales se registraron: 5 mil 551 detenciones arbitrarias; 5 mil 012, tratos crueles inhumanos o degradantes; 2 mil 143 hechos de tortura; 281 desapariciones forzadas 68 ejecuciones extrajudiciales y 22 actos vinculados a tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales atribuibles a las instituciones de seguridad y justicia en los ámbitos federal, estatal y municipal

Del mismo modo, el documento refiere que los organismos federal y estatales de protección a las garantías individuales ejercieron recursos en 2019 por más de 3 mil 357 millones de pesos, de los que más de la mitad – 52.6 por ciento- correspondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el resto a los Organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH)de las entidades federativas.

Resalta este rubro que Colima, una de las entidades con mayores índices de violencia en el país se encuentra en el último lugar de gasto destinado a atender este aspecto, con apenas 9.5 millones de pesos.

Asimismo, se establece que entre una y otras instancias de atención, realizaron 326 mil 791 servicios de atención inmediata, la mayoría (66.5 por ciento)por asesoría u orientación jurídica, y comunicación con quejosos o agraviados.

Edición: Laura Espejo