Jesús Aranda
Foto: Luis A. Boffil Gómez
La Jornada
4 de noviembre, 2015
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el permiso concedido por la dirección general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a la transnacional Monsanto para la producción de soya transgénica y ordenó a las autoridades que lleven a cabo una consulta con las comunidades indígenas de la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca antes de emitir una nueva autorización para la siembra del citado cultivo.
Sin entrar al fondo del asunto, es decir, sin analizar el impacto negativo que tendría la siembra de soya “genéticamente modificada” transgénica para los productores de miel del área referida, los ministros ordenaron a las autoridades que escuchen a las comunidades, tal y como lo establece la constitución y los tratados internacionales suscritos por México, cuando un proyecto productivo pueda afectar directamente a las comunidades indígenas.
Productores miel, encabezados por Angélica María Ek Canché, promovieron amparos en contra de Monsanto y de la dirección general de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en los que plantearon que la Corte ordenara que dejaran de sembrarse 253 mil 500 hectáreas en cinco polígonos ubicados en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca, cuyos permisos fueron otorgados el 11 de mayo de 2012.
Sin embargo, la decisión de los ministros sólo contempla dejar sin efecto el permiso para que la autoridad convoque a la consulta a las comunidades afectadas; pero la autoridad mantiene la prerrogativa de conceder o negar la autorización para la siembra de soya transgénica
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