Alfredo Méndez
Foto: Archivo La Jornada
La Jornada Maya

Martes 20 de septiembre, 2016

El beneficio que tienen los ex presidentes de la República de retirarse con cuantiosos seguros de vida a costa del erario permitió a Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid, y a los beneficiarios designados en vida por el político priísta, que falleció el primero de abril de 2012, cobrar 22 millones 153 mil pesos por concepto de pago de seguro potenciado, según consta en documentos de los contratos LPNM006004-008 y LPNEC00006004-009.

Otra viuda que ya fue privilegiada con el cobro de un seguro de vida a favor de un ex presidente es Alexandra Acimovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, esposa del ex presidente José López Portillo, quien falleció el 17 de febrero de 2004.

El monto que cobró la actriz y sus familiares no consta en los mismos documentos con que cuenta este diario, pues en ellos sólo se menciona que ‘‘actualmente son dos las cónyuges supérstites (sobrevivientes) que ya recibieron el beneficio del (pago del) seguro’’.

[b]A costa del erario[/b]

Según consta en los documentos contractuales citados –el primero fue firmado por Grupo Nacional Provincial (GNP) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y por la aseguradora Metlife México con la misma dependencia–, las viudas de Miguel de la Madrid y de José López Portillo están protegidas con un seguro de vida institucional, por lo que una vez que fallezcan sus hijos y cualquier otro beneficiario designado por ellas cobrarán 17 millones 722 mil pesos por concepto de seguro.

La Jornada publicó en su edición de ayer lunes, citando documentos contractuales de GNP y Metlife, que los cinco ex presidentes de la República que aún están vivos (Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría) gozan de cuantiosos seguros de vida y de invalidez a costa del erario, por lo que si alguno fallece sus familiares o beneficiarios recibirán entre 22 y 35 millones de pesos.

El doctor en derecho Jesús Alberto Rojas Guerrero, abogado especialista en derecho administrativo y mercantil, fue quien a través del juicio 308/2016, iniciado en el juzgado tercero de distrito en materia civil de la Ciudad de México, obtuvo copias certificadas de los contratos firmados entre la Secretaría de Hacienda y ambas empresas de seguros, documentos en los que constan los privilegios para los ex presidentes y sus esposas.

Guerrero Rojas demandó este año en tribunales mexicanos a GNP y Metlife para obligar a las aseguradoras a que paguen un seguro por invalidez a Juan Francisco Castellanos Esparza, quien causó baja como director general de Administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2013 por un problema de parálisis cerebral que lo dejó incapacitado de por vida.

En entrevista con este diario, el litigante y representante legal de Castellanos asegura que hay un trato de discriminación por parte de las compañías que proveen de los seguros a los funcionarios de la administración pública federal, lo que viola el artículo primero de la Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales.

El abogado sostiene que mientras a los altos funcionarios (secretarios, subsecretarios o miembros de la alta burocracia) y a las esposas de ex presidentes se les da un trato preferente por parte de las dos aseguradoras, las cuales les pagan íntegro el monto de sus seguros, a los funcionarios de niveles medios o bajos les ponen todas las trabas y pretextos posibles para no pagarles sus indemnizaciones o cualquier otro seguro.

‘‘Lo que yo les advierto a GNP y a Metlife es que una vez que el Poder Judicial Federal me dé la razón en el juicio mercantil del señor Castellanos, esos requisitos escondidos en las letras chiquitas de sus contratos, y de los que se valen las aseguradoras para no pagar las indemnizaciones o los seguros a los burócratas que no pertenecen a la alta burocracia, van a desaparecer’’, puntualizó Guerrero Rojas.

El abogado, quien preside la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, agregó que una vez que se dicte la primera sentencia judicial ejecutoriada que reconozca que esos contratos son discriminatorios, ‘‘cualquier funcionario público del nivel que sea va a poder demandar a las aseguradoras para que les paguen indemnizaciones de invalidez por el ciento por ciento de sus salarios base, más la compensación garantizada, lo que por ahora sólo se les paga a secretarios, subsecretarios y en general a la alta burocracia’’.


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