Confía CCE en que Poder Judicial proteja a afectados por ley eléctrica

Alejandro Alegría

El sector privado del país confía en que el Poder Judicial protegerá los intereses económicos de las empresas que resulten afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sin embargo, César Hernández Ochoa, ex subsecretario de electricidad en la Secretaría de Energía (Sener), consideró que pocos recursos legales para echar abajo las modificaciones serán “exitosos”.

Durante un foro virtual, el dirigente empresarial señaló que los cambios aprobados por los legisladores tendrán un impacto “porque al final estos agentes económicos que invirtieron de buena fe en nuestro país, deberán tener alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos”.

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Expuso que no se puede tratar de manejar que el costo de la electricidad no subirá para los hogares, pero sí incrementará en alrededor de 26 por ciento a los agentes económicos.

Señaló que la reforma no especifica cómo se pagará el mayor costo de la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues no explica si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pagará un subsidio de alrededor de 60 mil millones de pesos anuales o se cobrará a las empresas.

“Cualquiera de las dos alternativas que se seleccione tendrá un impacto en los consumidores finales y el consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le saldrá más caro, esa camisa, ese bien, ese kilo de tomate que va consumir este día, esa sopa o carne será más caro, porque la electricidad para producir será más cara”, dijo.

“O por otro lado tendremos que pagar más impuestos para poderle dar al erario la cantidad de dinero suficiente para poder financiar los 60 mil millones de pesos”.

Hernández Ochoa, quien al principio de la actual administración fue titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), comentó que “va a ser mucho más complicada la impugnación que la que vimos con la política de confiabilidad. Una ley no es lo mismo que una regulación, entonces no me extrañaría que muchos amparos no fueran exitosos”.

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“Los números en la Suprema Corte para una acción y una controversia son también números complicados, entonces yo creo que un entorno más adverso para las impugnaciones jurídicas, aunque hay muchísimos argumentos en todos los casos”, agregó.

Señaló que la experiencia de la reforma energética de 2013 ha mostrado que el negocio de la CFE es en transmisión y distribución, no generación, donde “sale tablas”.

Destacó que eso se puede ver en los apoyos que ha recibido la empresa estatal en los últimos años, los cuales se han incrementado. “Los subsidios eléctricos pasaron de 30 mil millones de pesos en 2016 a ser 76 mil millones en lo que se plantea para 2021, 70 mil se planteó el año pasado. Entonces eso no es un buen negocio, lo que nos está mostrando es un poco la vulnerabilidad de CFE como suministrador de energía”, apuntó.

Edición: Ana Ordaz