Fernando Camacho Servín
Foto:Captura de Pantalla
La Jornada Maya

Ciudad de México
Miércoles 18 de julio, 2018


Diversas organizaciones de derechos humanos lamentaron el fallo de un tribunal unitario que le da la razón a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la supuesta “imposibilidad jurídica” de crear una comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa, como había ordenado antes un tribunal colegiado.

En un pronunciamiento conjunto –firmado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, además de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar--, los colectivos resaltaron la decisión tomada este miércoles por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas.

Dicha instancia publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la PGR” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el Caso Ayotzinapa, como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Las organizaciones civiles consideraron que esta resolución “es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos” en contra de la Comisión de la Verdad, presentados por la Presidencia de la República, diversas secretarías de Estado e incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e incluso la Cámara de Diputados.

“Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático. Lamentablemente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del Gobierno Federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”, alertaron los colectivos.

Sin embargo, añadieron que la decisión del Magistrado Sabino Pérez García “no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN pronunciarse en definitiva sobre la cuestión. La SCJN debe tener una aproximación imparcial el caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa”.

En ese sentido, subrayaron que “los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. “El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”.


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