Energías alternativas e impacto ambiental

Rafael Robles de Benito
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 30 de mayo, 2018

Sentado en la playa, en Dzilam de Bravo, volteo hacia el sur y mi vista se encuentra con un paisaje novedoso: grandes aspas de aerogeneradores rompen la línea de la vegetación, como enormes eminencias que ya son rasgo dominante. Hacia el norte, surca el cielo una parvada de flamencos, volando hacia el poniente con su clásica algazara, y su grácil dinámica de cambiar de puntero para que corte el aire un individuo fresco. Este contraste despierta en mí una serie de reflexiones y dudas, que creo merece la pena poner sobre la mesa, para abonar a una discusión que debiéramos socializar más ampliamente.

De un tiempo acá, y en el marco de una sociedad (o, cuando menos, de un colectivo creciente de actores sociales) preocupada por los impactos generados por el cambio climático global, y empeñada en encontrar formas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se hace cada vez más frecuente la discusión, promoción e implementación de proyectos de generación de energías alternativas (¿renovables?). Al menos a nivel de la península de Yucatán, del menú de fuentes alternas de generación de energía, parece haberse elegido el empleo de los vientos y el sol. Las condiciones de la región hacen obvia esta elección.

Lo que no es tan obvio es la selección de los sitios para desarrollar los proyectos. En el caso de la energía eólica, el criterio parece haber sido establecido en términos del uso pecuario del suelo, en tierras propiedad de productores privados, o de ejidos, dispuestos a arrendarlas. Pero no puedo quitarme la sensación de que otras cuestiones, como el impacto ambiental de la construcción y equipamiento de la infraestructura, o el impacto sobre especies migratorias de aves, no han recibido atención suficiente. Quizá las autoridades responsables sí las han atendido, y tienen información que les ha permitido evaluar como viable el desarrollo de estos proyectos, pero lo cierto es que el resto de los actores sociales todavía tienen preguntas y preocupaciones no resueltas.

El caso de la energía solar incluye preocupaciones similares. Para empezar, puede implicar cambios en el uso del suelo que impacten terrenos forestales, como estuvo cerca de acontecer en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. La substitución de la cubierta vegetal por campos de celdas solares no es precisamente una contribución positiva a las intenciones por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o las de incrementar la capacidad de secuestro de carbono en los ecosistemas de la región. Queda además la pregunta de si los sitios seleccionados como elegibles son los mejores desde el punto de vista de la transmisión de la energía generada, hacia los sitios de consumo.

Otra pregunta que surge alrededor del tema de la energía solar tiene que ver con las condiciones de las áreas urbanas de la península: cientos de hectáreas de techos planos, expuestos a la radiación solar, e incrementando la temperatura local, bien podrían destinarse a la generación de energía solar, e interconectarse con las redes convencionales de transmisión de energía eléctrica. Esto se hace de manera puntual y emergente en la región (una de las empresas dedicadas a esta actividad, Habitec, dice contar con una cartera de 700 clientes), pero está todavía lejos de representar un impacto positivo. Los gobiernos locales deberían emprender programas robustos y sistemáticos de apoyo a la migración hacia la generación solar de energía. Quizá incluso debería desincentivarse la inversión en proyectos de gran escala de energía solar.

Creo que todavía hay mucho trabajo que hacer alrededor de las energías alternativas. Quizá los gobiernos, las paraestatales, algunos inversionistas y empresarios tengan información clara y sólida alrededor del tema, y quizá esta información esté más o menos sesgada en función de los intereses de cada uno de estos sectores, pero creo que es indudable que falta fortalecer procesos de consulta con los más amplios sectores de la sociedad, y particularmente con los dueños de la tierra, de modo que los proyectos de infraestructura puedan llevarse a cabo con el conocimiento pleno no solamente de quienes los aprueban, financian y llevan a cabo, sino de quienes suelen verlos como una fuente amenazante de cambios y de impactos.

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