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José Ramón Enríquez
Foto: Especial
La Jornada Maya

Miércoles 23 de mayo, 2018

Es cierto que ETA no se disolvió por gusto sino que fue vencida por los distintos gobiernos españoles (destacado el aparato de inteligencia del ministro socialista Rubalcaba) en colaboración con Francia, pero sobre todo por el repudio de la sociedad española, incluida la mayoría en Euskadi, harta de crímenes sin sentido y de “impuestos” de guerra patriótica que no eran más que extorsión y robos.

Es una magnífica noticia la decisión de la banda terrorista de disolverse y dar paso a una nueva etapa de la vida política española y, en especial, de la vida cotidiana en Euskadi. La excelente novela [i]Patria[/i], de Fernando Aramburu, editada por Tusquets y acreedora de varios premios y aplausos, todos merecidos como fresco histórico y lección de gran literatura, nos muestra cómo la relación de dos familias en un pequeño pueblo vasco se va envenenando hasta volver imposible su convivencia después de una “ejecución patriótica” que lleva a cabo el primogénito de una familia contra el padre de la otra.

Si en algún momento la muerte del torturador franquista Melitón Manzanas, en los inicios de ETA y la voladura de Carrero Blanco, sucesor de Franco en la Operación Ogro, nos hizo a muchos aplaudir a ETA, muy pronto nos desencantamos ante su sinsentido y su nacionalismo racista y reaccionario. La llegada de la democracia y el esfuerzo por una transición pacífica mostró a ETA como una banda simplemente sanguinaria. Y esos problemas tanto policiacos como políticos adquieren, en la novela de Aramburu, todo el dolor sordo de una llaga supurante y profundamente íntima.

Por eso precisamente resultó mezquino que, al disolverse, ETA pidiera perdón por el dolor que su actividad había provocado solo a las víctimas “inocentes” como si pudiera haber víctimas culpables en un atentado terrorista. ETA debió pedir el perdón a todas sus víctimas sin distinción y, por otra parte, el gobierno de Rajoy debe terminar con la política de dispersión de presos etarras que es una venganza vil que victimiza a las familias inocentes. Pero Rajoy es un heredero del franquismo y no se puede esperar de él gesto democrático alguno.

Tampoco se ha logrado de su gobierno el menor apoyo a la Ley de Memoria Histórica que se aprobó hace ya más de diez años, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Popular criticó aquella ley alegando que abría viejas heridas y no permite aun la exhumación de los presos republicanos que construyeron, como esclavos, el mausoleo donde están los restos de Franco y de Primo de Rivera. Como si, en pleno Siglo XXI, Hitler y Mussolini tuviesen sendas pirámides construidas por sus víctimas.

Gracias al financiamiento de un sindicato de electricistas noruegos y por orden de una jueza argentina, en aplicación del principio de justicia universal, el pasado viernes, fueron exhumados 22 cadáveres de una fosa común en Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Pero, según el periódico El País, existen 2 mil 457 fosas comunes en toda España que el gobierno de Rajoy se niega a exhumar al haber quitado cualquier partida presupuestal para la Memoria Histórica. Yo mismo tengo localizada la fosa en la que está el cadáver del hermano de mi padre en un campo de Valencia y tanto mi hermana como una sobrina han acudido personalmente para intentar la exhumación y toparse con la cerrazón de los herederos del fascismo.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, denunció el que se siga discriminando a las víctimas del franquismo desaparecidas: “No puede ser que a un Estado democrático le duelan unas víctimas y otras no”.

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