Uber, el tema que nadie se atreve a resolver

Hugo Martoccia
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 21 de mayo, 2018

Uber se ha vuelto algo así como el problema que nadie quiere resolver por sí mismo. Se discutió en el Congreso, en las calles, en los despachos del Gobierno, en el Instituto Electoral y finalmente, hasta hoy, en el Tribunal Electoral. Pero parece que nadie toma la decisión que hay que tomar, sea ésta cual sea.

Todos buscan un tercero en quien recostarse, que les quite un poco, o todo, del costo electoral y político de la decisión.

El tema había tenido un último capítulo que parecía cerrar por un tiempo el conflicto. Días atrás, el Tribunal Electoral (Teqroo) decidió suspender la consulta publica en Cancún por la posible entrada de Uber. Parecía, al menos, que el espinoso tema pasaría para después de las elecciones.

Pero esa demora implicaba, en los hechos, un culpable. El Teqroo, para decidir esa suspensión, atacó el Informe que el Ieqroo había hecho sobre la consulta (algo así como la base conceptual de ese ejercicio ciudadano) y lo calificó de “superficial”.

La Presidente del Ieqroo, Mayra San Román, que había firmado aquel Informe, creyó entender que allí había una señal de que la consulta no era bienvenida en el poder político, y decidió cruzarse de brazos. Aceptó ser la culpable de la demora.

Pero los consejeros Claudia Carrillo Gasca, Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos Santander Botello, normalmente críticos con el accionar de la Presidente, decidieron que no cargarían con esas culpas. Impugnaron el acuerdo del Teqroo, para que el que decida sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El tema volvió a “foja cero”. Ahora, la mejor noticia sería que el TEPJF confirme la sentencia del Teqroo, para que nadie cargue las culpas. Pero también podría aceptar la impugnación, y la consulta renacería. Otra vez, habría que buscar al nuevo culpable para retrasarla.

[b]El congreso ¿el ámbito natural?[/b]

Una opción comenzó a manejarse desde la semana pasada. Esta opción es que sea el Congreso, finalmente, el ámbito de decisión del tema, por medio de la aprobación de la Ley de Movilidad.
Los diputados ya tienen en sus manos la iniciativa que quieren aprobar, que es muy parecida a la que se presentó el año pasado y que se discutió sin éxito.

No se sabe exactamente cuanto se mantendrá en pie de esa iniciativa, pero ésta incluía limitar la autoridad del gobernador para entregar concesiones de taxis, crear el Instituto de Movilidad, y reconocer el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales (Uber, digamos) como un capítulo aparte entre los tipos de transporte del estado.

Para esas plataformas, se facultaba al gobernador a darles una autorización hasta por 10 años.

Pero esa iniciativa quedó congelada en su momento por la amenaza taxista, y porque hubo incluso resistencia de Uber. A la transnacional no le gustaron algunos aspectos, como la obligación del pago con Tarjeta, el precio mínimo del vehículo, así como la antigüedad máxima, y el hecho de poder usar un sólo chofer.

Hay que recordar que aquella iniciativa, que tenía algunos aspectos de avanzada, también cayó bajo el peso del poder taxista. Quizá eran otros tiempos. Aún Jorge Portilla despachaba en Sintra, y contaba con un ejército de taxistas, junto al cual generaron una feroz persecución contra Uber.

El final de la historia es conocido: las persecuciones y enfrentamientos rayaron lo demencial. Dos muertos en circunstancias de total descontrol, hicieron que el tema se congelara.
Idas y vueltas.

Todo fue, en realidad, siempre muy confuso. Por ejemplo, nunca quedó claro cuál era la verdadera idea del gobernador Carlos Joaquín. En su entorno más íntimo habían quienes querían a Uber, y otros que no. Y así operaban, unos para un lado y otros para el otro.

Un ejemplo irrefutable. En diciembre de 2017, el gobernador presentó una iniciativa de Ley de Transporte en la cual sostenía todas las trabas para el ingreso de Uber que había impuesto Roberto Borge. Solo les permitía ingresar al estado con una concesión.

Y eso no era todo. Además, pedía que se regularizaran las combis TTE, propiedad del sindicato de taxistas, y uno de los resabios más injustificables del borgismo.

Todo el mundo político quedó perplejo por esa iniciativa.

Tres meses después, sin embargo, algo sucedió, porque el mismo gobernador pidió una consulta publica para que los ciudadanos de Cancún decidan si querían el ingreso de las plataformas tipo Uber. Esa consulta implica, en los hechos, que si Uber la gana, podrá ingresar al estado con muy pocas trabas.

Así ha sido todo en este tema: de un lado hacia el otro, como si nadie quisiera hacer lo que hay que hacer, y hacerse cargo de ello.

[b]Todos pierden[/b]

El tema ahora, como no podía ser de otra manera, está en el medio de la nada. Según los diputados y el Gobierno, la parte buena de esto, paradójicamente, es que así como están las cosas, todos perderán.

Si se hace una consulta, el Sindicato de Taxistas verá cómo la sociedad obliga al Gobierno a dejar ingresar las plataformas digitales con toda libertad. Si Uber no se mueve de sus exigencias irracionales, no podrá poner sus vehículos en las calles de Cancún. No habrá ganadores si ambas partes no ceden.

Los diputados y el Gobierno entienden que los Sindicatos de taxistas no pueden desparecerse. Pero también tienen en claro que el poder monopólico de esos sindicatos ha hecho del transporte público un caos de ineficiencia. No hay competencia ni opciones, y el servicio es cada vez peor.

En los días siguientes, los diputados buscarán encontrar el punto medio a esta discusión, para aprobar una Ley de Movilidad de avanzada, Más allá, en un ámbito inalcanzable, correrá el tema de la consulta, que, a esta altura, es inviable.

Quizá, entre tanta confusión, están dadas las condiciones para que alguien tome una decisión de una vez.

En el imaginario colectivo, posiblemente, la situación es mucho más simple. Cada vez que el tema Uber salió a la luz para su aprobación, los taxistas respondieron con fuerza. Uno de sus referentes más clásicos, Eduardo el “Wato” Peniche, fue quien llevó la voz cantante y pública del sentimiento de sus colegas.

La primera vez, cuando se presentó la iniciativa de Ley de Movilidad, dijo, textualmente, refiriéndose al gobernador: “Si no quiere un estallido social, tiene que entender”.

La segunda vez, hace pocas semanas, cuando se llamó a la consulta pública, insistió: “Que no se equivoquen, que no despierten al monstruo”, y amenazó con un paro masivo el día de la elección, el 1 de julio, para golpear el corazón de la movilización electoral.

Ambas veces, guste o no, terminó ganando.

Habrá que rendirse a los hechos, y entender las cosas como son. Al fin y al cabo, más allá de cualquier especulación, la única verdad que cuenta, es la realidad.

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