Aciertos y desatinos en Seguridad

Isaac Osorio
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 14 de noviembre, 2018

El tema de la Seguridad Pública en el Estado de Yucatán, por Isaac Osorio*.

El tema de la seguridad pública en el estado es un tópico [i]sui generis[/i] que produce suma curiosidad entre los que se dedican a su análisis. Resulta de una conjunción de factores culturales, económicos, políticos e infraestructurales, con aciertos y desatinos por parte de la comunidad yucateca y de sus representantes. Es menester de analizar los principios por los que se rige el nuevo sistema penal acusatorio, hincapié en que su novedad se traduce en una falta de dominio y familiaridad de las instituciones gubernamentales que lo aplican de manera imprecisa, sin profundizar en el nóumeno de sus objetivos: la reinserción social.

Se habla constantemente de un sistema penal que favorece el contacto y la proliferación de organizaciones criminales entre los mismos reclusos que operan con impunidad gracias a la corrupción de las instituciones, pero el tema que ha pasado desapercibido es la vulnerable y constante exposición de la sociedad yucateca, al entrar en contacto con esta universidad del crimen, riesgo creado por la corrupción de estas herramientas previstas por la legislación, que originalmente existen para lograr una efectiva reinserción social de quien ha saldado su deuda con la sociedad, y de esta manera generar las condiciones de vida dignas que eviten la reincidencia del transgresor ocasional de la ley.

Debe entenderse primero, que a la vista de la seguridad pública no todos los delitos ameritan una pena privativa de la libertad en el mismo grado, para efectos de reinserción social el Estado prevé la figura jurídica de los criterios de oportunidad.

Los criterios de oportunidad son una figura bajo la cual el Estado pretende reducir las saturadas cargas de trabajo de los Ministerios Públicos, permitiéndoles enfocarse en delitos que ameriten mayor importancia el ejercicio de la acción penal, permitiendo de esta forma cierta laxitud, menor severidad, en la forma que el Estado castiga quienes cometen algún delito, por ejemplo, que hubiesen sido ejecutados sin el uso de la violencia y que la legislación disponga una punibilidad máxima de cinco años de privación de la libertad. En otras palabras, los criterios de oportunidad son una herramienta que permite descongestionar la carga de trabajo del Estado y permitir la reducción de la condena del infractor de la ley con el objetivo de facilitar su reinserción a la sociedad.

Exponer al transgresor ocasional de la ley con el delincuente de carrera, en suma, a la corrupción de las instituciones, adicionado al factor de desconfianza que crea en los miembros de la sociedad la carga de un antecedente penal, merma la efectividad y obstaculiza el fin ulterior de la reinserción social de nuestras instituciones penales.

Esto es un tema de seguridad pública, porque parte de la problemática de la corrupción se trata, a grandes rasgos, de que el sistema pone en contacto a un sector de la población con criminales de más altas categorías. Para evitar este escenario, la aplicación de los criterios de oportunidad debe suceder bajo una efectiva revisión del caso concreto que permita que sea debidamente juzgada y condenada con proporcionalidad al delito cometido.

Yucatán es sui generis en comparación al resto de los estados de la República en materia de seguridad pública, las estadísticas de seguridad en el estado son congruentes con la percepción pública y es bien sabido que la sociedad yucateca es una sociedad tradicional, pacífica en sus costumbres y en sus prácticas. En conjunción, al sentido de identidad cultural que posee la sociedad yucateca, se le suman los aciertos de las instituciones del Estado. La constante capacitación de las unidades policiacas, equipamiento de los más altos estándares de calidad para el cumplimiento de sus labores, la innovación e implemento de recursos tecnológicos para la aplicación de estrategias de seguridad pública efectivas, la aplicación de programas gubernamentales que fomentan la participación ciudadana en una cultura de la legalidad y seguridad, que fortalece el sentido de pertenencia a la seguridad del Estado y crea la conciencia colectiva de que es un tema que nos compete a todos los ciudadanos.

Empero, el principio de la reinserción social, que en un sentido ideal es el eje principal del nuevo sistema penal, se está quedando a la mitad del camino por la incomprensión de esta sutil observación: No todos los transgresores de la ley constituyen un peligro para la infraestructura de la seguridad pública en el Estado en igual medida; es decir, la criminalización orilla al que cumple su deuda con la sociedad a buscar “alternativas”, y en ocasiones, en el peor de los escenarios, engrosar las filas del crimen organizado. El camino debe ser recorrido tanto por las instituciones del Estado como por su sociedad, constituye un factor irrenunciable que el gobierno es un reflejo de sus gobernados, y en la sociedad yucateca la práctica y la tradición reflejan congruencia en sus estadísticas de seguridad, que nos presentan ante el resto del país como una sociedad con respeto a la legalidad, civilidad y honestidad.

En conclusión, las cámaras, los recursos tecnológicos, los programas de participación social para la preservación de la seguridad en el estado, la infraestructura en general de la seguridad pública, es buena en Yucatán, pero podría ser mejor.

Falta dar el paso como sociedad, orientado a la persecución de una cultura jurídica, un cambio en la mentalidad que abra el debate y la revisión de temas jurídicos que carecen de vigencia con el fin de evitar la criminalización de ciertos sectores de la población y, de esta forma, evitar que entren en contacto con otra clase de criminalidad y abran la puerta de la ilegalidad, además de saturar la carga de trabajo de las instituciones penales del Estado. Es vital, transportar este análisis a los demás temas de seguridad pública para que prevalezca el orden y la paz social que siempre ha caracterizado a Yucatán.

*Estudiante Derecho UADY y Seguridad Pública UnADM. Entusiasta de la filosofía política; Sistemas Políticos Mexicanos; Economía; Ciencia y Tecnologías.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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