Negligencia, mediocridad e incongruencia boicotean a la Conafor

Carlos Meade
Foto: Twitter @CONAFOR
La Jornada Maya

Lunes 5 de marzo, 2018

La Conafor (Comisión Nacional Forestal) tiene por objeto central la preservación del capital forestal mexicano, tarea que aborda desde diversos programas, donde destaca el actualmente conocido como Pronafor.

De acuerdo a los lineamientos de este programa, cada año se convoca a los ejidos y comunidades forestales y a los grupos técnicos que los asisten para que presenten proyectos bajo categorías diversas, que van desde campañas de reforestación, planes de manejo forestal, establecimiento de viveros, hasta proyectos de ecoturismo, actualización de reglamentos ejidales y elaboración de evaluaciones rurales participativas.

Por muchos años, los conceptos de apoyo resultaban en acciones puntuales pero desarticuladas de una estrategia integradora, sin lo cual era difícil pretender incidir en el desarrollo de las poblaciones objeto de este programa.

En el año de 2012 la Conafor lanzó un nuevo concepto de apoyo cuyo objetivo era, precisamente, impulsar estrategias integradoras. Las Agencias de Desarrollo Local (ADL) tenían la misión de establecer unidades técnicas que impulsaran acciones en una micro-región específica, a partir de una propuesta de desarrollo en un horizonte de 5 años, con la posibilidad de ampliarse al término de este período.

Se lanzó la convocatoria y algunos grupos técnicos presentaron propuestas. En Quintana Roo se aprobaron 3 o 4 ADLs. Las propuestas seleccionadas para 4 o 5 años trabajaron en una primera anualidad para realizar diagnósticos participativos y, a partir de ellos, elaborar una propuesta de desarrollo rural, ubicando las posibles fuentes de financiamiento, no sólo las de los programas de la Conafor sino las de todas las dependencias federales y estatales.

Durante un año completo, los organismos técnicos trabajaron con los ejidos y organizaciones de su micro-región para explicar y promover los objetivos de la ADL, estableciendo oficinas de gestión en lugares estratégicos y accesibles a la gente. Durante ese año se realizaron talleres de evaluación participativa, se recogió información y se elaboraron y propusieron planes de desarrollo para la micro-región, identificando las oportunidades y proponiendo las acciones para echar a andar el plan.

La sorpresa fue que, para el segundo año de actividades, la Conafor solicitó la entrega de un nuevo proyecto, a pesar de que ya existía un convenio firmado con los grupos técnicos que contemplaba los 4 o 5 años de la propuesta de trabajo.

Con la premura con la que se solicitó un nuevo proyecto para la segunda anualidad, no fue posible entregar la nueva propuesta, pero Conafor ofreció que a mitad del año habría una nueva convocatoria pero ¡sorpresa! en esa nueva convocatoria el concepto de ADL había desaparecido.

De esta manera, los grupos técnicos se quedaron chiflando en la loma. La inversión de trabajo que hicieron cayó en el vacío y fueron muchas las consecuencias negativas que de allí se derivaron. En primer lugar, los equipos técnicos quedaron sin el soporte presupuestal para dar seguimiento al plan micro-regional y perdieron toda credibilidad ante las comunidades. Todo el trabajo de acercamiento y confianza que se fue tejiendo, se desmoronó en semanas.

Fueron inútiles las gestiones con la Conafor para salvar la situación de alguna manera. En todo momento la Conafor se limitó a decir que el concepto había sido eliminado por las oficinas centrales, pero nunca dieron una explicación convincente y por escrito de esa decisión, ni afrontaron el incumplimiento del convenio.

La Conabio, que supuestamente debería ser contraparte dando asesoría y vigilando la operación del programa, lo único que sugirió fue hacer uso del “derecho al pataleo”, o sea dar muestras de inconformidad con la seguridad de que no habría ninguna respuesta.

Lo más lamentable para los grupos técnicos fue el hecho de ser cómplices del despilfarro irresponsable de la Conafor, que tiró a la basura, sólo en Quintana Roo, más de 1 millón y medio de pesos que sirvieron para elaborar diagnósticos y programas de acciones que no pudieron aplicarse.

Una de las ADLs, que operó durante sólo un año en la zona maya de Tulum, representó una oportunidad para vincular a esta región marginada con la prosperidad económica de la zona turística, vinculación que se planteó ante las direcciones de planeación, desarrollo rural y turismo; trabajo que no pudo tener un seguimiento y que también dañó la imagen del grupo técnico ante los funcionarios municipales, ya que se ofrecieron apoyos y asesorías al Ayuntamiento, que luego no fueron posibles de sostener debido a la cancelación repentina del proyecto por parte de la Conafor.

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