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del

Cliserio E. Cedillo Godínez
Foto: Especial
La Jornada Maya

Lunes 19 de febrero, 2018

El quebranto sin parangón de las finanzas públicas de Quintana Roo detectado por el gobierno de Carlos Joaquín, que logró integrar expedientes para imputar a al menos 88 ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge, tiene su origen 11 años antes cuando el ex gobernador Félix González Canto logró “asociarse” con su vecina, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, para crear una red de corrupción peninsular y adquirir propiedades en asociación delictuosa con desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de ejidatarios y comuneros de ambos estados.

Esa oscura alianza, que primero benefició a ex funcionarios y destacados priístas de ambos estados para comprar su amistad y posteriormente, formar con ellos un poderoso grupo político, sigue mostrando su influencia en las cámaras de Senadores y Diputados, al grado de reconocérseles su dominio en muchas de las decisiones del presidente Enrique Peña Nieto, quien ya ordenó la sustitución del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, por el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin embargo, el tema que nos ocupa son los malos manejos financieros de las últimas dos administraciones (González y Borge) que heredaron a Carlos Joaquín una deuda millonaria y un gobierno prácticamente en quiebra. De Borge ya se ha dicho mucho, pero hay información relevante de González Canto que debe conocerse, ya que dio origen a la creación de una red de corrupción que aún sigue operando en la península de Yucatán y a nivel federal, ya que como grupo surgido de las componendas sigue teniendo influencia en ambas cámaras.

Mediante despojos de tierras a ejidatarios y comuneros, así como de la desincorporación de predios estatales en Quintana Roo y en Yucatán, González Canto y la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco, quienes representan en el sureste los intereses de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa Patrón y Roberto Hernández, lograron que con esas propiedades mal habidas sumaran nuevos compadrazgos y alianzas de tipo electoral y de sucia recaudación personal para enriquecerse e influir en las decisiones políticas.

Está documentado que Ortega Pacheco y González Canto son responsables de millonarias licitaciones, con las que algunos personajes edificaron verdaderos imperios empresariales en la península durante sus respectivos periodos de gobierno. Según una investigación de [i]Reporte Índigo[/i], se sabe que ambos personajes son afines en prestanombres, negocios y empresas constructoras. “Son políticos frívolos amantes de los excesos y la farándula”.

En diarios yucatecos y quintanarroenses, se ha documentado que González y Ortega, junto con prestanombres en ambos estados, hicieron una fortuna desincorporando tierras estatales, para luego comprarlas a precios muy bajos y vendiéndolas más baratas, pese a su ubicación de privilegio en la Riviera.

Según las investigaciones, entre los socios principales de ambos personajes está Felipe Enríquez Hernández, compadre incómodo de Peña Nieto. En 2011, [i]Reporte Índigo[/i] trazó las ligas políticas entre el senador González y Enríquez, al tiempo de enlistar las empresas que éste último había creado, algunas de ellas mediante prestanombres y otras con personas cercanas a los ex gobernadores de Yucatán y Quintana Roo.

Fue así que el compadre de Peña diseñó un complejo esquema maquinado para especular con terrenos turísticos en zonas paradisiacas de Quintana Roo y Yucatán apoyado por favores gubernamentales y por la convivencia con el crimen organizado.

Entre los casos documentados se cuenta el que se refiere al despojo y compra de predios en la zona de Isla Blanca, en el conocido como Fraccionamiento Francisco Javier, al norte de Cancún, con la participación de falsificadores de títulos de propiedad, entre notarios y representantes de algunos importantes hoteleros, como son los Arroyo Marroquín, que se han apropiado de grandes extensiones en el área sin ser molestados por nadie. Con los fraudes en Isla Blanca, Enríquez inicia la acumulación de su fortuna que, en 2012, se estimaba en 230 millones de pesos.

En 2007, cuando Ivonne Ortega buscaba sacar al PAN del gobierno de Yucatán, logró contar con todo el apoyo de Carlos Salinas y fue Enríquez Hernández quien diseñó la ingeniería electoral y se encargó del fondeo de recursos para la campaña. En tanto, Dulce María Sauri fue víctima de una intensa operación política de Carlos Salinas para desplazarla como candidata del PRI a la gubernatura de Yucatán.

En ese tiempo, Ivonne Ortega era una política sin proyección nacional hasta que fue apoyada por Peña y por el propio gobernador de Quintana Roo, Félix González. Es así que nuevamente lograron coincidir a través de Felipe Enríquez, quien fue designado delegado del PRI en Yucatán, logrando contar con el apoyo de empresarios sobresalientes en la península.

Según se documenta, el flujo de dinero fue dirigido por Enríquez Hernández desde una residencia en Progreso, facilitada por alguno de los empresarios. También se mencionan a otros inversionistas y políticos como Kamel Nacif Borge, Emilio Díaz Castellanos y Emilio Loret de Mola, entre otros, que como el poblano Nacif se vio involucrado en el caso de pederastia en Cancún por el que Jean Succar Kuri aún permanece en la cárcel purgando condena.

En esa relación González-Ortega, Felipe Enríquez creó la empresa Raíces Consultoría, S.A. de C.V. con la cual adquirió tierras en Isla Blanca, con el apoyo de Félix, así como en el ejido de Ucú, con ayuda de Ivonne, al poniente de Mérida, Yucatán. A partir de esos beneficios económicos, Enríquez creó otras tres razones sociales para negociar y apropiarse de tierras en Yucatán y Quintana Roo: Desarrollos Punta Piedra, S.A. de C.V., para adquirir casi 4 hectáreas de tierras frente al mar al sur de Tulum; Consorcio GH, S.A. de C.V., en el que aparecen familiares del ex gobernador Natividad González Parás y que a su vez es una compañía socia de otras empresas para apropiarse de varias hectáreas en Isla Blanca, y la empresa RYR, S.A. de C.V., para asociar las compañías ligadas a Enríquez con las de la familia del ex gobernador González Parás y con las de los socios españoles del grupo hotelero Martinón.

Según las investigaciones, en casi todas las empresas del "compadre incómodo", utilizó a su cuñado Hugo César Flores Toba como prestanombres. Incluso, en la empresa Raíces Consultoría aparece una cesión de acciones del candidato a la Alcaldía Monterrey a Flores Toba.

Cabe destacar que el ejido de Ucú está en donde ahora se ubican una de las tierras más caras del estado de Yucatán, ya que el desarrollo de la ciudad de Mérida se encamina hacia esa zona; en tanto que, en Quintana Roo, Punta Piedra es el paso obligado hacia la reserva de la biosfera de Sian Ka’an; mientras que Isla Blanca es el único acceso hacia el desarrollo turístico más importante de Isla Mujeres, Sotolindo, del Grupo Martinón, con una proyección de más de 90 mil cuartos de hotel.

Recientemente, [i]Reporte Índigo[/i] documentó que, en sociedad con Ricardo Javier Gamboa García, el ex gobernador abrió la empresa Ener Investment Corp, con sede en Hollywood, Florida, la cual consta en la escritura pública P13000005097, registrada el 15 de enero de 2013, que el objeto de la compañía es “hacer cualquier negocio que esté dentro de la ley”. Y lo que falta…

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