Trabas en defensa ambiental

Carlos Meade
Foto: Twitter @PROFEPA_Mx
La Jornada Maya

Martes 6 de febrero, 2018

Un grupo de ciudadanos habitantes del municipio Tulum, integrados en la Red Tulum Sostenible, hartos de la inacción de las autoridades y cansados de observar la destrucción de los ecosistemas costeros por parte de empresarios abusivos, irresponsables y corruptos, se han dado a la tarea de levantar denuncias contra los depredadores del manglar.

A lo largo del camino costero de Tulum, varios hoteles, restaurantes, tiendas y bares han despalmado y rellenado manglares -y lo siguen haciendo hoy día- de manera visible y cínica, sin que la autoridad intervenga para detenerlos.

Habría que recordar que, de acuerdo a las leyes ambientales mexicanas, la destrucción de manglares es considerada como delito penal federal que se castiga con cárcel.

Por la escala de la depredación y el amplio universo de actores, el pequeño grupo ciudadano no ha tenido la capacidad de abordar todos los casos. La campaña de denuncias se ha iniciado con cuatro casos, mismos que están documentados y se han convertido en denuncias formales entregadas en las oficinas de la Profepa de Cancún.

Para integrar una demanda hay que hacer una investigación, ubicar el predio, sacar coordenadas, tomar fotografías o video, identificar las especies afectadas, hacer un escrito y entregarlo en las oficinas de la Profepa en Cancún, pues en las oficinas de Akumal -más cercanas-, el encargado ha declarado que no tiene autorización para recibir denuncias.

La Profepa ha empezado a dar respuesta a los denunciantes y resulta frustrante que la actitud de las autoridades sea más favorable a los posibles culpables que a los ciudadanos denunciantes.

Una de las denuncias ha sido rechazada porque las coordenadas señaladas no coinciden con el predio, por lo que, dice Profepa, “no se tiene certeza de la ubicación exacta del sitio”. Pero qué confusión puede haber si las coordenadas caen a unos metros del predio señalado, el cual aparece en la denuncia con el nombre del negocio (en este caso, el restaurante Gitanos) y ese mismo nombre está visible a la entrada del predio.

Pese a lo endeble del argumento, la denuncia es invalidada porque “no cuenta con los requisitos de procedibilidad”. Tal parece que la procuraduría no cuenta con la aplicación de Google Maps, pues cualquiera que quiera ir al restaurante señalado no tiene más que ubicarlo en su Smartphone y llega sin problemas.

Por otra parte, es necesario considerar que los ciudadanos no necesariamente cuentan con la tecnología para obtener coordenadas exactas. La autoridad debe usar un criterio lógico para ubicar al denunciado a partir de las coordenadas, pero también de otros indicios, como el nombre del predio o negocio en cuestión.

Lo peor es que no sólo se ofrece esta pobre argumentación, sino que se invita al denunciante a rectificar las coordenadas, para lo cual cuenta con cinco días hábiles. En dicho período el denunciante tiene que ir al sitio indicado, sacar las coordenadas y elaborar un nuevo oficio para dar respuesta a la “prevención” o solicitud de información, y llevar dicho documento a las oficinas de la dependencia en Cancún, a 130 km de distancia.

La Profepa no ve más allá al considerar que mientras su oficio enviado por correo electrónico tiene validez, el simple ciudadano -que no tiene presupuesto, que no tiene un salario, que actúa de manera voluntaria supliendo una tarea que le corresponde a la autoridad-, debe ocupar su tiempo y sus recursos para entregar el documento en las oficinas de la dependencia.

Aquí es donde surgen las siguientes preguntas: ¿se trata de dificultar e inhibir la acción ciudadana?, ¿por qué la autoridad sí puede enviar un comunicado oficial por internet y el ciudadano no puede contestar por la misma vía?, ¿cuál es el motivo de poner tantos obstáculos al denunciante?

Si estas son las formas en que Profepa opera, flaco favor le está haciendo a la justicia ambiental, y peor se vislumbra el panorama si consideramos que los inspectores utilizan las denuncias como negocios personales. O sea que, partir de la denuncia, se presentan en el lugar, amenazan con una sanción o clausura y luego aceptan una mordida generosa; mientras tanto, ayudan al infractor poniendo piedras en el camino del denunciante que, sin saberlo ni proponerlo, favorece al bolsillo del inspector en turno, quien además protege al depredador bloqueando la acción de la justicia con argumentos endebles y retorcidos que invalidan o retrasan el curso de las denuncias ciudadanas.

¿Es entonces la denuncia una vía para mejorar la justicia ambiental o sólo un subterfugio para alentar la corrupción e inhibir la acción ciudadana?

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