ASF, la última trinchera ciudadana

René Ramírez Benítez
Foto: Tomada de la web
La Jornada Maya

Martes 30 de enero, 2018

Gobernadores abusivos, recursos públicos desviados, empresarios voraces, funcionarios corruptos, ciudadanos cansados; esa ha sido una constante en la vida política mexicana y una de las instituciones que aún posee cierta autonomía y prestigio en el universo de falsas instituciones en nuestro país es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de la fiscalización de los recursos públicos federales, que en pocas y sencillas palabras, son el tigre institucional que tienen como objetivo la rendición de cuentas y el combate directo a la corrupción.

En estos momentos, la ASF se encuentra acéfala, atrapada en los cuestionamientos políticos y en un entredicho de palabrerías y cuotas partidistas. Es claro que en el Legislativo existe un intento por “politizar” la última institución con credibilidad en este país. Porque el procedimiento de designación ha sido opaco, a puerta cerrada y “si bien muchos de los perfiles tienen las credenciales técnicas para desempeñar el papel, la realidad es que varios de ellos tienen una preocupante cercanía con algún partido político” (Renata Terrazas, 2017, Fundar). Uno de los grandes aciertos de Juan Manuel Portal, hoy ex auditor superior, fue señalar y denunciar constantemente los grandes desvíos de recursos y anomalías en las cuentas públicas de Javier Duarte, Roberto Borge y otros gobernadores. Porque para los mexicanos, el tema de la corrupción es el segundo más importante en la agenda nacional, según datos del Inegi de 2015, agregando que de acuerdo con organizaciones como Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos del mundo, fenómeno que además cuesta a la economía nacional 10 por ciento del PIB, según datos del Banco Mundial y la OEA.

Ante el panorama político actual, con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) recién formado, es imperativo mantener instituciones verdaderamente y no solo constitucionalmente autónomas. El SNA tiene como base la autonomía y los contrapesos institucionales, y ello va a depender de quien encabece la ASF. No podemos dejar que los partidos se entrometan en el último espacio que tenemos los ciudadanos.

Según datos de la misma ASF, desde el 2001 a septiembre de 2017 se han interpuesto 872 denuncias, muchas de ellas relacionadas con hechos conocidos de corrupción. Si bien no negamos que existe un avance de mayor relevancia en la materia, esta cuestión dilatoria se debe a la falta de voluntad política y el pequeño margen de acción que tenía la institución antes de la implementación del SNA. La designación del nuevo auditor superior será un episodio fundamental para entender hacia dónde vamos en el combate a la corrupción, e incluso me atrevería a afirmar que será imperativo para el éxito o fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras estamos atentos.

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