Mariguana, turismo y la lista

La Jornada Maya
Foto: Fabrizio León Diez

Lunes 29 de enero, 2018

La transformación política en Quintana Roo ha sido proporcional a lo causado por los huracanes que han azotado a su territorio, los cuales han derrumbado palmeras y construcciones en cuestión de horas.

Las detenciones, extradiciones, juicios, traslados, fianzas, amparos y penas, han sido tan vertiginosos que los analistas no han tenido tiempo de reflejar en sus escritos lo sucedido. Los perseguidos se han visto acorralados y en medio de eso, el secretario de Turismo y aliado del gobierno de Quintana Roo, ha puesto en la mesa la consideración de legalizar el consumo de mariguana en la zona turística, como un principio para que la violencia baje y mantener en la vanguardia del turismo a la Rivera Maya.

Ante ello, hay que hacer notar que el gobernador ha sido el primero en dar parte de lo sucedido, como su propio vocero, y que la comunicación ha sido tan fría y ágil como el balde de agua que han recibido los culpables del quebranto al erario.

De la misma manera, el jefe del Ejecutivo se ha pronunciado con respecto a la despenalización en el consumo de cannabis, afirmando que “en la búsqueda de la paz y tranquilidad, habría que analizar y pensar esa propuesta, pues si ello contribuye a la seguridad, sin afectar la salud pública”, no se opondría.

El debate sobre este tema ha sido difundido de manera oficial y respaldado por decenas de organizaciones, instituciones de educación superior, seguridad y salud pública; sólo faltaba el punto de vista del sector turístico, que en voz de Enrique de la Madrid se asumió como protagonista fundamental en la discusión, pues si hay algo que se sabe a voces es el atractivo y adicción de miles de turistas que nos visitan, en probar lo que ha sido mitificado como la famosa Acapulco Golden.

Por ello es recomendable que las instituciones, el Legislativo, los empresarios y la sociedad quintanarroense se pongan de acuerdo y se discuta el tema en forma profesional y coordinada con el gobierno estatal y federal.

[b]El listado[/b]

Con menos de un año en el cargo, el fiscal Miguel Ángel Pech Cen tiene resultados para presumir. Desde el inicio, una de las prioridades fue la captura de aquellos ex funcionarios que vaciaron las arcas del estado, y que estos reparen el daño a los quintanarroenses, lo cual ha cumplido.

En ese marco se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se ha dado a la tarea de conformar los expedientes contra los ex funcionarios borgistas y sustentar debidamente las carpetas de modo que los jueces otorguen las respectivas órdenes de aprehensión y el seguimiento a más de 18 casos, que involucran a casi 40 individuos.

Hasta ahora 10 han pisado la cárcel, incluyendo al ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien fue capturado en Panamá en junio de 2017, extraditado a México este mes, y hoy espera el inicio de su juicio en un penal de Morelos.

Pese a lo amplio de la red de corrupción del ex mandatario, y a que muchos de sus colaboradores huyeron del estado o se ampararon para evitar ser detenidos, con el paso de los meses han ido cayendo uno a uno.

Los detenidos hasta ahora son:

[b]Mauricio Rodríguez Marrufo[/b]: Ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Fue el primero en caer; lo detuvieron el 5 de mayo de 2017 en Cancún, al término de un evento oficial. Se le vinculó a proceso y estuvo siete meses en prisión. La Fiscalía obtuvo de un juez una sentencia condenatoria en su contra por desempeño irregular de la función pública, mas Rodríguez Marrufo pagó 39 millones 733 mil 176.81 pesos, con lo que quedó libre.

[b]Paulina García Achach[/b]: Ex subsecretaria de la Seduvi. Fue detenida el 8 de mayo de 2017. En su audiencia el juez determinó que podía seguir en libertad el proceso en su contra por desempeño irregular de funciones, para lo cual le fijó una garantía por 39 millones de pesos. García Achach dejó en garantía seis propiedades ubicadas en el municipio de Cozumel, así como un vehículo Audi. La ex funcionaria debe firmar ante el juzgado cada 15 días y no puede salir del país.

[b]Roberto Borge Angulo[/b]: Ex gobernador. Fue detenido el 4 de junio en Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo a Francia. Pasó siete meses en ese país hasta que las autoridades panameñas concedieron su extradición. Llegó a México el pasado 4 de enero.

Un juez federal de control le dictó auto de vinculación a proceso en el juicio en su contra por lavado de dinero, por lo cual fue trasladado al penal federal 16 en Morelos, donde llevará el proceso en prisión preventiva justificada.

[b]Carlos Acosta Gutiérrez[/b]: Ex director de VIP Saesa. Fue detenido el 4 de julio de 2017 en cumplimiento a una orden de aprehensión, acusado de desempeño irregular de la función pública. Está vinculado a proceso por orden de un juez de control, por lo que enfrenta su proceso en prisión.

[b]Víctor Loyola[/b]: Ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Fue detenido el 3 de septiembre de 2017 en Yucatán, acusado de desempeño irregular de la función pública. Se logró su imputación y actualmente enfrenta su proceso en prisión.

[b]Erce Barrón[/b]: Ex director de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo). Fue detenido el 27 de noviembre en Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por desempeño irregular de la función pública. Se le vinculó a proceso y pasó 50 días en prisión, hasta que sus abogados lograron hacer válido un amparo, por ello seguirá su proceso en libertad.

[b]Ana Alicia Rivera Galera[/b]: Ex directora de Recursos Financieros de CAPA. Fue detenida el 28 de noviembre de 2017. Se le acusa de peculado. Se consiguió vincularla a proceso, además de embargarle un predio ubicado en el municipio de Othón P. Blanco y dos vehículos, como garantía para reparación del daño causado a la administración pública estatal.

[b]Paula González Cetina[/b]: Ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Fue detenida el 3 de enero. La Fiscalía General del Estado solicitó se le impusiera prisión preventiva justificada, la que fue otorgada, por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) donde permanecerá el tiempo que dure su proceso.

La ex funcionaria es acusada de desviar mil 50 millones de pesos que recibió la paraestatal de Aguakan, como contraprestación por la concesión del servicio de agua potable en Solidaridad, además de extender el contrato en los municipios donde ya brindaba el servicio hasta 2053. El dinero fue enviado a una cuenta de la Sefiplan a las pocas horas de recibido, sin saberse el destino del dinero.

[b]Gabriel Mendicuti[/b]: Ex secretario de Gobierno. Fue detenido el pasado 21 de enero, acusado de desempeño irregular de la función pública en agravio al patrimonio del estado y daño por 534 millones de pesos, delito que se sigue en la carpeta de investigación 151/2017.

Se encuentra vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva justificada por dos meses, para el cierre de la investigación complementaria, además de que se mantendrá el embargo de 19 bienes inmuebles y 21 automóviles de su propiedad.

[b]Mauricio Góngora[/b]: Ex presidente municipal de Solidaridad y candidato a gobernador. Fue detenido el pasado 25 de enero. El fiscal Pech Cen confirmó que son tres órdenes de aprehensión en su contra por tres carpetas de administrativas; la primera por desempeño irregular de la función pública por el quebranto de 594 millones de pesos, la segunda por peculado por 5 millones de pesos y una tercera por peculado por 155 millones de pesos.