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Kálmán Velebélyi
Foto: Twitter @PROFEPA_Mx
La Jornada Maya

Jueves 11 de enero, 2018

El tótem es un objeto de la naturaleza que actúa como símbolo o emblema colectivo y al que se le otorga valor protector. Se le considera como antepasado digno de ser venerado. En la época de los mayas fueron los jaguares y los serpientes, pero en los tiempos modernos la veneración se trasladó del reino animal a las plantas.

En Campeche su nombre es manglar.

En Campeche, por el manglar se hace todo y más si se puede sacar provecho político. El manglar significa el compromiso con el futuro, con la naturaleza, con la sustentabilidad. Las acciones de los ambientalistas, generalmente, se agotan con la recolección de centenares de botellas y bolsas de plástico en las playas.

La reconstrucción de la carretera costera desde la vía del ferrocarril hasta los cocteleros comprende un tramo de casi seis kilómetros. En 80 metros lineales se ha cometido un ecocidio. Los irresponsables trabajadores de la constructora tiraron lodo orgánico en el manglar y con ello han cometido un crimen que según una norma de 2010 podría ser sancionada hasta con 10 años de cárcel.

Y es en este punto donde entra la política. La obra fue gestionada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que soltó 120 millones de pesos para tener una digna entrada a la ciudad desde las afueras. Con base en la lógica escolástica, el responsable del lodo no son los trabajadores de la Secretaría sino el que haya gestionado el dinero para la modernización de Campeche.

Impacto ambiental del que hay que sacar provecho y convertirlo en impacto político. Y esto es lo que está haciendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La pregunta es ¿a cargo de quién?

El enojo de miles de habitantes de la parte norte de la ciudad no interesa, a nadie le importa que en el tramo hasta la entrada a Fidel Velázquez en vehículo se haga en 20 minutos, que se lance al aire una cantidad considerable de partículas suspendidas. Eso no importa.

Lo que importa es dañar la imagen de Alito y la Profepa se presta a este juego sucio. Pero no paran ahí; encuentran otro punto donde atacar. Por falta de la presentación de los documentos necesarios no se puede comenzar la reconstrucción de un tramo de dos kilómetros desde la carretera estatal hasta el puerto de Seybaplaya. Lo trágico es que se da la prohibición precisamente en momentos cuando ya se ha acabado la ampliación del puerto. Ya están las ocho dársenas, el puerto está en condiciones de recibir barcos de hasta más de 10 mil toneladas.

La intransigencia de la Profepa es comprensible si lo vemos desde el ángulo de que hay que aplicar la ley. Pero las leyes se hacen para normar la conducta y no para dañar el interés del ciudadano en general, menos para entorpecer el tan anhelado desarrollo económico.

[i]San Francisco de Campeche[/i]
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