Conjunción de esfuerzos

Normando Medina Castro
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Viernes 4 de octubre, 2019

La gravedad de la violencia y la inseguridad pública en México exige, además de una sola política en la materia, una verdadera conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, los organismos de la sociedad civil y la participación de la ciudadanía no organizada.

En esta lucha todos tenemos participación y no tiene justificación alguna que se toleren actos de sabotaje, ni de las comunidades que protegen a huachicoleros y ladrones de vehículos de transporte de carga, ni de quienes difunden fake news o tergiversan acciones de las fuerzas de seguridad pública, el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, para desacreditarlas en su afán criminal de debilitar, a costa de lo que sea, el apoyo popular del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es absolutamente inaceptable que existan sectores que pretendan utilizar, incluso a los criminales organizados, para golpear y entorpecer las acciones que buscan recomponer la perversión institucional que posibilitó que México sea una nación empobrecida por la corrupción y la impunidad, y con enormes brechas de desigualdad social.

La penetración y avance del crimen organizado, con la fuerza de las armas y del dinero, ha sido escandaloso en los gobiernos neoliberales, de tal modo que en la actualidad, según dijo a Sin Embargo el escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó, “el 80 por ciento de los municipios de México están gobernados por autoridades que tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades…esto quiere decir que los criminales tienen el 80 por ciento de las corporaciones policiacas, estatales y municipales bajo control”.

Las mafias han infiltrado los círculos políticos y empresariales de manera imparable, beneficiados por la impunidad y la perversión institucional que hizo del estado de derecho una mera simulación que fortaleció las redes criminales. Desmantelar esa red es una lucha titánica en la que no puede ni debe haber tolerancia para saboteadores.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño en su ponencia La Estrategia de Seguridad de la 4T, en el Colegio de México, dijo que los integrantes de la Guardia Nacional están capacitados en derechos humanos, perspectiva de género, defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y tienen adiestramiento en el uso racional y moderado de la fuerza , así como en investigación, prevención, protección y demás aptitudes relacionadas. Apuntó que el 70 por ciento de los crímenes cometidos en México son con armas de contrabando procedente de los Estados Unidos.

Posteriormente, en una entrevista, reveló que dos empresas, de las cuales se negó a proporcionar los nombres, contrataron 500 mil bots para elaborar y difundir críticas negativas contra la Guardia Nacional, con el fin de desacreditar ese cuerpo de seguridad al servicio de todos los mexicanos, y por lo mismo esa acción facciosa afecta a todos, excepto a los cómplices y a las élites que se creen más allá del bien y del mal e insultan la inteligencia y la paciencia de un pueblo que ha sufrido golpes “tan fuertes…¡Yo no sé! Golpes como del odio de Dios”, diría el excelso poeta peruano César Vallejo en sus Heraldos Negros.

En los tiempos actuales resulta estéril y contraproducente, el manejo de información sin sustento en hechos, que terminan por evidenciar a las autoridades que todo lo basan en campañas de difusión sin sustento real, y queda como su cosecha final un saldo de rechazo popular. Parece que es el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra, quien no pudo convencer en su comparecencia ante la XVI Legislatura de Quintana Roo y fue exhibido por diputados de la alianza Morena-PT-Verde, como José de la Peña, quien le dejó claro al funcionario que la percepción de la gente es contraria a las cifras que proporcionó, e incluso las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan el agravamiento de la violencia y la inseguridad en el estado.

No nos cansaremos de repetirlo, las condiciones en que arribó Capella Ibarra a Quintana Roo, lo obligan a dar resultados claros y contundentes y a observar una conducta fuera de toda sospecha. En cambio, ha sido cuestionado por sus pobres resultados, su protagonismo desmedido, sus aspavientos y derroches como los dos millones de pesos mensuales que cuesta la operación y mantenimiento mensual del helicóptero, aunado a serios señalamientos hacia él, de grupos criminales, y a la incidencia cotidiana del cobro de piso que desangra la actividad económica estatal.

Sumado a la fuerte competencia de los destinos turísticos, el sargazo, el cierre de la operadora turística británica Thomas Cook y los cuestionamientos al tour operador norteamericano, Apple Leisure Group, el narco terror resulta letal y no puede ni debe ser tolerado. Aquí no caben pretextos, justificaciones, ni descargar culpas en el pasado. El gobierno actual de Quintana Roo panista-perredista está ya en su última mitad.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, aún cuando es del PAN yucateco, que se ha caracterizado por su rechazo a todo lo no que sea blanquiazul, ratificó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a Luis Felipe Saidén Ojeda, quien ocupó por primera vez el mismo cargo con el priísta, Víctor Cervera Pacheco de 1995 al 2001; en el sexenio del panista Patricio Patrón Laviada fue relevado, pero retornó con la priísta Ivonne Ortega Pacheco para el periodo 2007-2012 y fue ratificado por el también priísta Rolando Zapata para la administración 2012-2018.

Más allá de las fobias partidistas, las mentiras, los recelos, las envidias y las intrigas cortesanas, están los hechos y los resultados. “2 de Octubre no se olvida”. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

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