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Jesús Hernández Martínez
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Martes 13 de agosto, 2019

Todo parece indicar que la XV Legislatura dejará pendientes dos de los asuntos más polémicos, controvertidos y en los que, incluso algunos de sus 25 integrantes, personalmente, no estarían de acuerdo con su aprobación y avalarlos: los matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto. A los anteriores pudiera agregarse la autorización legal de la eutanasia o muerte asistida para los enfermos terminales, pero de este último se habló menos que de los dos primeros.

Varias propuestas de los dos primeros asuntos: matrimonios igualitarios y despenalización del aborto, revisados someramente en algunas ocasiones, se quedarán en el archivo del Congreso, en donde llevan algunos años “durmiendo el sueño de los justos”, en espera de ser analizados, aprobados o rechazados. De la muerte asistida no hay ninguna petición que pudiera convertirse en iniciativa de ley.

En cada ocasión en que algún diputado de la actual legislatura hacía declaraciones públicas acerca de la posibilidad de modificar algunas leyes locales para permitir los matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto, en contraparte agrupaciones de activistas organizaron movimientos, por su parte los integrantes de la XV Legislatura que concluirán su gestión en los primeros días de septiembre próximo, “se olvidaban” de ambos asuntos con la velada intención de dejarle esos trabajos a la XVI Legislatura.

Lo anterior, no implica que dejen de practicarse ambas actividades. Quienes desean casarse con otra persona del mismo sexo se atienen a que las leyes locales, por negligencia o a propósito de quienes las elaboraron, señalan que el matrimonio es la unión legal entre dos personas, no menciona o aclara que una sea mujer y la otra hombre. Se acogen a la premisa, o pseudo proposición, de que lo que no está prohibido está permitido. Otros acuden amparados a las oficinas del Registro Civil y logran su objetivo.

En cuanto a la despenalización del aborto, circulan versiones no oficiales, pero creíbles que, las mujeres que deciden practicárselo, viajan a la ciudad de México u otro punto del país donde ya esté despenalizado.

Por cierto, a su conveniencia, por no cargar con el remordimiento o intentar laxar su moral, muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes confunden “aprobación o autorización legal del aborto, con despenalización del aborto”. En ningún punto de nuestro país se ha aprobado o autorizado legalmente el aborto, sólo fue despenalizado en algunas entidades y esto significa que la decisión última es de la madre, no de las autoridades. El aborto clandestino ha sido desde hace años un problema grave al que no se le ha encontrado una solución práctica. Desde su creación, la mayoría de las leyes penales de cada entidad no sugieren castigo penal para las mujeres que voluntariamente abortan por malformación comprobada del feto, violación y una serie de circunstancias, además de la aprobación de la madre.

Sobre el aborto la XV Legislatura tiene en el archivo sugerencias e incluso iniciativas; cuando menos una sugiere que algunas justificaciones pueden ser la pobreza extrema de la familia de la mujer que recurra al aborto o que ya tiene varios hijos.

Sin embargo, varias organizaciones, la mayoría relacionadas con alguna religión, han realizado movimientos pidiendo que ante ninguna circunstancia sea legalizado el aborto y los diputados de la XV Legislatura optaron por encontrarse “muy ocupados en asuntos más importantes” y sin tiempo para analizar las iniciativas para suspender la vida de los niños en el vientre de su madre.

En cuanto a los matrimonios igualitarios, sobre cuya posibilidad el Congreso yucateco también ha trabajado, pero sin llegar a un acuerdo definitivo, de vez en cuando se lee en algún medio de comunicación que: “Quintana Roo es el paraíso” para ese tipo de casamientos, lo cual es falso, pero sí es cierto que se realizan constantemente; no están legalizados, pero no son delito.

El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, presentó ante el Congreso local una propuesta formal, con miras a que se convirtiera en iniciativa, para modificar el Código Civil del Estado Quintana Roo y legalizar los matrimonios igualitarios que, según el documento, en la entidad solo se realizan a través de un amparo.

El ex funcionario local aclaró en esa ocasión que no tenía facultades para elaborar una iniciativa de ley, pero presentó la propuesta porque el derecho de dos personas del mismo sexo de contraer matrimonio está incluido en los derechos humanos de los quintanarroenses.

Como la actual, la próxima legislatura durará tres años y por lo que se ve, tendrá suficiente trabajo, aunque también podrá dejar algunas decisiones a la XVII Legislatura. Total, nadie exige a los diputados la aprobación o rechazo de las iniciativas para modificar las leyes y no inciden esos trabajos en el muy atractivo sueldo.

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