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del

Rafael Robles de Benito
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Viernes 26 de julio, 2019

A pesar de lo que dice con insistencia el señor Rogelio Jiménez Pons, los procedimientos de impacto ambiental no se llevan a cabo “para evitar discusiones”. Muchos promoventes de obras, e incluso muchos funcionarios responsables del tema, que lo deberían comprender mejor, los consideran un mero trámite para obtener un resolutivo que haga posible el inicio de una obra o acción. Esto tampoco es del todo cierto. La verdad es que, como se ha dicho anteriormente, los procedimientos de impacto ambiental se formulan para que el diseño, el proceso de construcción, la operación e incluso el abandono de una obra se lleven a cabo de tal manera que se garantice que los impactos generados por ésta tengan la menor severidad posible, y que, de ser permanentes, se propongan medidas de mitigación, compensación o restauración.

En el caso del Tren Maya, como no se trata de evitar discusiones sino de garantizar su inocuidad ambiental, hay que considerar que es una propuesta integral de alcance regional y que, por tanto, no resulta razonable examinarla por fracciones, como si cada una de ellas funcionara independientemente de las demás. La integralidad de la propuesta –y desde luego la del medio ambiente– demanda en consecuencia la formulación de un solo procedimiento de impacto ambiental de envergadura regional, y no una sumatoria de estudios independientes con alcances y niveles de profundidad distintos y limitados.

Por otra parte, creo no equivocarme al decir que, en términos del impacto sobre el medio ambiente, lo de menos es el tendido de las vías del tren, o el diseño de su ruta. El proyecto implica mucho más que rieles y durmientes. Implica la construcción de estaciones, patios de maniobras, talleres, infraestructura para el almacenamiento y trasiego de mercancías, combustibles y materiales diversos; y por supuesto, el desplazamiento de una cantidad considerable de familias, de fuerza humana que mueva el tren y los servicios obras y acciones que lo acompañan. Esto sin menospreciar la idea de que el paso del tren entrañará el crecimiento de la actividad turística, industrial y comercial en la región, con sus impactos ambientales diversos y con una demanda creciente sobre los servicios ecosistémicos disponibles, algunos de ellos, como el agua en la porción más austral de la península de Yucatán, de difícil acceso.

La evaluación del impacto ambiental, tal como la propone el titular del Fonatur, no satisface ni remotamente las condiciones que presenta una propuesta de las dimensiones y la importancia del Tren Maya. Aunque parezca contradictorio, la menosprecia y devalúa. Quiero suponer que el doctor Toledo estará en estrecha comunicación con el señor Jiménez, y con el profundo conocimiento que sé que tiene acerca de la ecología de nuestro país, le hará ver con claridad estas cuestiones.

[b]Consultas a pueblos originarios[/b]

Otro punto en el que siento que hay un malentendido importante es el de las consultas a los pueblos originarios. Parece al fin haberse entendido que esta consulta, si pretende apegarse a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, no puede reducirse a una votación a mano alzada en un mitin efímero. Eso está bien, pero se sigue hablando de realizar una “consulta libre, previa e informada”, y esto carece totalmente de sentido. Lo que digo aquí va más allá de una mera comezón semántica: lo que debe ser libre, previo e informado es el consentimiento, no la consulta. Ésta se debe realizar para obtener el consentimiento; que tendrá que ser libre, en tanto que no responde a presiones, amenazas o cohechos; previo, porque tendrá que ser otorgado por las comunidades afectadas antes de que inicie la obra o acción de que se trate; e informado, porque los consultados deberán contar con toda la información pertinente a la propuesta, desde su caracterización hasta los impactos ambientales, sociales y económicos que se espera que tenga, y los actores que participarán de su ejecución y se beneficiarán de ella. El proceso, como se ve, es mucho más complejo y serio de lo que se piensa usualmente.

[b]Especulación con la propiedad de la tierra[/b]

Por último, en un reciente artículo en este mismo diario, Eduardo Lliteras Sentíes llama la atención acerca de lo que, al menos en Yucatán, apunta a un fenómeno que acompaña al tren maya, como acompañó también al aeropuerto en Texcoco y me temo acompañará al de Santa Lucía: la especulación con la propiedad de la tierra.

El asunto es de entrada comprensible: una propuesta como la del mentado tren despierta inevitablemente apetitos de inversionistas y especuladores, que ven en su proximidad un incremento en el valor del suelo y compiten por ser los primeros en entrar por esa puerta, adueñándose de la plusvalía resultante. En su artículo del 24 de julio, Lliteras dice que el señor “Arteaga Trillo es operador de Alfonso El Mosco Pereira Palomo”. El primero tenía hasta ese día tomadas las oficinas de la Procuraduría Agraria en Mérida, acompañado por un grupo de ejidatarios. El segundo es conocido como un astuto especulador de bienes raíces que ha llevado a cabo jugosos negocios en la región y ha intentado realizar otros, por ejemplo, en áreas protegidas como el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam y la Reserva de la Biósfera Calakmul, con base en lo que podríamos calificar de información privilegiada.

Si la 4T será reconocida como la transformación que pone fin a la corrupción en México, procesos como éstos no deberían ocurrir en el marco de la puesta en marcha de un proyecto impulsado por el Ejecutivo Federal, en el ánimo de dotar de nuevo aliento al desarrollo regional.

Se me ha dicho que, aunque lo disfrace con dudas y preguntas, lo cierto es que estoy “en contra del Tren Maya”. Quisiera aprovechar estas líneas para reiterar que no es así: Bienvenido el proyecto apenas quede demostrada su sustentabilidad económica y pertinencia social y cultural, evidenciada su inocuidad ambiental, manifiesto el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios y campesinos de la región que resultará afectada por su presencia y operación, y probado su distanciamiento con respecto a procesos oscuros de especulación de tierras, que atenten contra los derechos de ejidatarios y comuneros. Pero francamente, creo que aún estamos lejos de ver cumplidas estas condiciones.

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