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Gabriel Aarón Macías Zapata*
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Lunes 22 de julio, 2019

A casi ocho meses de iniciado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha acumulado diez renuncias de funcionarios de alto nivel, algunas de ellas por desacuerdos con la forma de conducir a la política nacional y otras por supuestos motivos personales. Es posible que la escalada de renuncias no haya tocado fondo, ya que este fenómeno suele ser inherente a un cambio de régimen, en el que se pretende hacer a un lado a las políticas neoliberales para dar paso a un Estado de justicia social, inclinado hacia una mayor intervención estatal en materia económica y al desarrollo del sur para emparejarlo al del norte y centro de México, el impulso de programas sociales, entre otros proyectos.

En el pasado ya tuvimos un cambio de régimen con Carlos Salinas de Gortari, basado en el tránsito del Estado de Bienestar Social y el nacionalismo revolucionario hacia el neoliberalismo. Si bien esta tendencia comenzó con Miguel de la Madrid, con Salinas alcanzó su punto álgido, reflejado en las privatizaciones de empresas paraestatales.

La vorágine política que trajo el cambio cimbró a la estructura misma del PRI. Salinas declaró el fin de la reforma agraria y el congreso aprobó la legislación que permite la venta de ejidos. Si bien el sector campesino del PRI generó un intenso debate, la oposición fue controlada por el presidente a través de sus operadores políticos. También sacrificó al líder petrolero, La Quina, encerrándolo en la cárcel por posesión ilegal de armas; pero la realidad es que el personaje se oponía a la política privatizadora.

El cambio de régimen se distinguió por ser de los que más renuncias acumuló en el sexenio salinista: la SEP tuvo el récord de cuatro relevos, cuatro secretarías presentaron tres renuncias cada una, seis de ellas tuvieron dos representantes diferentes y solo cinco se mantuvieron sin cambio alguno, entre ellas la de Hacienda. Las maniobras por sostener el poder en los estados dieron lugar al cese o renuncias de 17 gobernadores, algunos de ellos de efímera duración, como Fausto Zapata, al ocupar la gubernatura de San Luis Potosí por trece días.

La oposición que rechazaba el proyecto neoliberal enfrentó el desprecio del presidente: “ni los oigo, ni los veo”, como lo expresó ante las manifestaciones contrarias al neoliberalismo. También se distinguió por el asesinato de 295 perredistas, ultimados por motivos políticos. La manifestación más notoria contra la política salinista se dio justo el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, tras el levantamiento indígena zapatista en Chiapas.

La transición también estuvo marcada por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, líder cameral del PRI, y del candidato priísta a la presidencia Luis Donaldo Colosio, ocurrido luego de un encendido discurso en el que criticó al presidencialismo y de anunciar profundos cambios en el PRI. Al cierre del sexenio, la imagen del éxito económico neoliberal se derrumbó con la crisis económica derivada del error de diciembre de 1994.

[b]Otro cambio de régimen [/b]

Luego de cuatro sexenios neoliberales, estamos ante otro cambio de régimen y que tampoco ha estado exento de los dolores del parto. Hasta ahora la oposición se ha manifestado en un par de marchas que no ha logrado convocar a masas significativas. Más bien las trabas a las acciones obradoristas vienen de amparos que han detenido el inicio de las obras del aeropuerto de Santa Lucía.

Las molestias que más han hecho mella al proyecto de AMLO han venido desde adentro del gabinete, reflejadas en las renuncias de varios funcionarios.

Cuando Germán Martínez presentó su renuncia a la dirección general del IMSS, reclamó al presidente que, aunque él había proclamado el fin del neoliberalismo, en el IMSS la oficina de Hacienda implementaba medidas neoliberales de ahorro excesivo y de recorte de personal.

A partir de este reproche se refleja que la transición aún conserva parte del neoliberalismo y de la nueva tendencia obradorista. Cierto es que el ahorro de los recursos públicos es una política neoliberal, pero los montos ahorrados se destinarán a la inversión estatal en infraestructura y rescate de Pemex, contrarias al neoliberalismo.

En su renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa hizo hincapié en las discrepancias económicas habidas y porque se tomaron decisiones importantes sin el suficiente sustento. AMLO reconoció que tuvo desacuerdos con Urzúa porque le presentó un Plan Nacional de Desarrollo que no impulsaba el giro del modelo neoliberal hacia el de bienestar y desarrollo para los mexicanos. El cambio va “aunque rechine” y ratificó que las renuncias no han tocado fondo; que podría haber más, en particular de quienes discrepan con su proyecto de nación. De ser así, por nuestra parte sólo nos queda desear que los rechinidos no repitan la estridencia salinista con todas sus secuelas.

*Investigador del CIESAS Península.

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