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René Ramírez Benítez
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Viernes 21 de junio, 2019

El filósofo Arthur Schopenhauer escribió en el siglo XIX una de sus famosas frases: “la salud no lo es todo; pero sin ella, todo lo demás es nada”. De una manera simple, el pensador alemán resumió la importancia del derecho a la salud, ya sea desde un aspecto de acceso universal o de calidad. En ese sentido, garantizar la salud de todos los miembros de la sociedad es una de las tareas fundamentales del Estado, pero de igual manera debe de ir acompañada de una conciencia crítica, responsabilidad y aportación de la sociedad en general, sin importar el rubro. Sin embargo, en Yucatán existe un problema cuya complejidad aumenta día con día y es necesario levantar la voz y posicionar el tema en la agenda pública para atenderlo con la mayor seriedad posible: tenemos una alerta en el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Si bien el tema está plagado de tabúes e imprecisiones o malinformación, quiero centrarme en el SIDA o VIH. El Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), entran al cuerpo a través de la sangre o fluidos genitales, se introducen vía los glóbulos blancos y generan una multiplicación y se autodestruyen, de esta manera, se van erosionando las defensas del cuerpo y debido a esto se producen distintas enfermedades. Por ello el SIDA o VIH es “la causa de una de las epidemias más devastadoras en toda la historia de la humanidad” (SSY, 2019).

Por supuesto existen recomendaciones individuales para evitar el contagio, sin embargo, quiero centrarme en el tema de política pública y datos epidemiológicos preocupantes. Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), en lo que va del 2019 se tienen registrados 244 casos de contagio de VIH y 123 de SIDA, a diferencia del 2018, donde se registraron 130 y 110 respectivamente.

Estos datos son sumamente preocupantes, ya que el crecimiento exponencial de estas enfermedades nos sitúa en los primeros lugares en todo el país con mayor incidencia de casos; y en 2018 se registraron 8 mil 484 casos y por ende colocaron a Yucatán en el segundo nivel nacional en mayor número de personas contagiadas, de acuerdo con el responsable estatal de Vigilancia Epidemiológica de VIH-SIDA, Manuel de Jesús Chávez Chan. Complementando los datos anteriores, el Centro Nacional para la Prevención y Atención del VIH y SIDA, Yucatán, mantiene una alta incidencia en casos de contagio, acompañando los primeros lugares junto a Quintana Roo y Campeche.

Una vez conocidos estos datos, podemos ubicar dos tipos diferentes de políticas públicas que nos ayudan a enfrentar la crisis. En primera instancia, tenemos la prevención o medidas de corto plazo; conocemos de los programas para otorgar preservativos, sin embargo, el Sistema de Salud Estatal debe redoblar esfuerzos para educar en el uso correcto de condones y otros métodos de responsabilidad para evitar o disminuir las probabilidades de contagio, pero dichos insumos deben de ser completamente funcionales y aterrizados para la población al interior del estado y sea efectivo en toda la sociedad. Es urgente continuar con una fuerte campaña de concientización y sociabilización del tema, incluyendo la perspectiva de derechos humanos para también combatir la estigmatización y/o discriminación que viven las personas con VIH-SIDA. No es un tema que afecta exclusivamente a la comunidad LGBTTTIQ, que si bien es el núcleo de población con mayor incidencia, es una situación que puede afectar absolutamente a cualquier persona y en ese sentido debe ir el esfuerzo educativo.

En el otro enfoque de política pública debemos ver esto como un tema regional y generar una agenda con estados vecinos para construir metas conjuntas y disminuir el número de contagios. También tenemos la atención y acceso a servicios de salud de aquellos que viven con el virus. Como mencioné anteriormente, debe incluirse la perspectiva de derechos humanos para garantizar una igualdad plena y apostarle a la disminución en la discriminación, al igual, elevar los programas para una detección temprana de aquellas personas con una posibilidad alta de haber contraído la enfermedad, para que puedan ser atendidos, porque es posible vivir con la enfermedad con el tratamiento adecuado. Como resolvió la Suprema Corte de Justicia en el Amparo en Revisión 378/2014 en el famoso caso del Pabellón 13: “los pacientes que viven con VIH/SIDA gozan del derecho humano al disfrute de más alto nivel posible física y mental que consagra el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de igual manera, el Estado debe adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y el tema presupuestal no es un argumento para limitar dicho derecho a la salud”.

La emergencia que vivimos en Yucatán nos obliga a replantearnos las estrategias actuales para prevenir y dar tratamiento a las personas con esta enfermedad. Debe ser un eje prioritario y en conjunto con todos los sectores: sociedad, gobierno y empresarios.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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