Educación superior obligatoria, ¿letra muerta?

Jonathan Molina
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Jueves 13 de junio, 2019

El poeta Johann Eckermann escribió: “no basta con dar pasos que conduzcan hacia la meta, sino que cada paso sea en una meta, sin dejar de ser un gran paso.” Y la cuarta transformación dio, con la promulgación del Decreto en materia educativa del 15 de mayo, un gran paso: la obligatoriedad de la educación superior.

Esta decisión da continuidad a una serie de olas de reformas que, con miras a transformar el sistema educativo, se han implementado en los últimos treinta años en América Latina. Todas ellas llamadas, por cierto, neoliberales por el gobierno de López Obrador.

Sergio Martinic (2010) sostiene que pueden identificarse tres grandes generaciones de cambios. En la primera (década de 1980) la política educativa se centró en la expansión de la cobertura de la educación básica, en la reorganización de la gestión (descentralización de los servicios hacia los estados) y en el financiamiento educativo con base en criterios de focalización. En la segunda (década de 1990) se implementaron políticas proautonomía escolar, modernización curricular y de procesos pedagógicos, formación inicial y capacitación de profesores; se realizaron también inversiones en infraestructura y equipamiento en escuelas con mayores necesidades. En la tercera (iniciada en el 2000) destaca la calidad de los resultados y la transparencia y rendición de cuentas; se redefine la relación escuela-sociedad y los procesos educativos, y las escuelas funcionan en una especie de nodo: autónomas pero, a la vez, conectadas y colaborando en red.

[b]La cuarta ola[/b]

Hoy nos encontramos en un periodo de transición hacia una cuarta ola, cuya característica principal radica en el impacto que tiene la tecnología; en el ritmo vertiginoso con el que se transforma la Sociedad de la Innovación y del Aprendizaje; en las nuevas formas de aprender y de compartir conocimiento usando las TIC; en los problemas globales como la desigualdad, la exclusión y la pobreza, así como en los trabajos del futuro cuyas profesiones aún no existen (Brunner identificó este cambio desde hace dos décadas y lo llamó cuarta revolución educativa).

Estos elementos forman parte de la visión futura impulsada por los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con los que la UNESCO hace un llamado a los Estados Miembros para que, en el 2030, aseguren “el acceso en condiciones de igualdad para todos a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (ODS 4, meta 4.3).

¿La visión de futuro de los tomadores de decisión pro obligatoriedad de la educación superior es coincidente con la de la cuarta ola?

Me parece que no. Y temo que su idea se encuentre en un polo diametralmente opuesto. Si damos un breve seguimiento longitudinal al discurso del Presidente (promesa de campaña, compromiso de gobierno, presentación de iniciativa de reforma y promulgación del Decreto) y a los argumentos esgrimidos por los integrantes del Congreso de la Unión en la deliberación y dictaminación de la iniciativa de reforma, nos queda claro que el Estado aspira a que quien desee un espacio en la educación superior cuente con él, lo cual es muy loable, pero no sencillo.

En primer lugar, porque hay una transición vulnerable entre el egreso de la media superior y el ingreso a la superior que impide que los jóvenes ejerzan con plenitud su derecho a recibir educación. Ante este desafío, el Estado debe constituir un flujo natural que garantice el trayecto educativo por toda la educación obligatoria (desde inicial hasta superior).

Esta es una oportunidad sin precedentes, pues generaría las condiciones para que los mexicanos ejerzan uno de sus derechos fundamentales, y se abatiría, además, el costo social, económico, competitivo y productivo (presente y futuro) que implica los cientos de jóvenes que no logran ingreso a la educación superior y reclaman un espacio.

En segundo lugar, porque no basta con abrir más instituciones. En, al menos los últimos 15 años la Secretaría de Educación Pública y las universidades autónomas de todo el país han hecho un esfuerzo por ampliar su cobertura; la Cámara de Diputados les ha destinado más recursos; se han abierto cientos de universidades e institutos tecnológicos en comunidades poco favorecidas y se ha diversificado la oferta académica; sin embargo, el indicador de cobertura muestra que no se ha logrado el crecimiento esperado para economías como la de México, lo que en buena medida se debe a la ausencia de una política pública de Estado.

Y se torna aún más complejo. A la ausencia de un plan estratégico se suma la carencia de un sistema de educación superior con una gobernanza que permita que todos los actores involucrados formulen y ejecuten acciones, programas y proyectos que tengan una imagen de futuro común.

El consenso mundial indica que el propósito de la educación no es solamente dominar el contenido curricular de las asignaturas, sino que los jóvenes lleguen a desarrollarse como adultos competentes y flexibles que potencien sus habilidades y alcancen las metas.

Para ello deben formarse de tal manera que aprendan a pensar, a actuar y a relacionarse con los demás para lograr retos significativos, independientemente del área de conocimiento que estudien. Esto implica superar el paradigma tradicional y formarlos de tal suerte que sean capaces de responder, con éxito, ante las exigencias del dinamismo de la sociedad actual.

Hasta hoy no hay pronunciamiento oficial respecto a cómo se traducirá el mandato de la Carta Magna en políticas públicas que permitirán cumplimentarla. En caso de no hacerlo, se corre el riesgo de que, una vez que se promulguen las leyes secundarias, el nuevo artículo tercero constitucional se convierta en algo que los abogados llaman “derecho positivo no vigente”, es decir, “letra muerta”.



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