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del

Rene Ramírez
Foto: Rodrigo Díaz
La Jornada Maya

Martes 28 de mayo, 2019

Debido a hechos recientes en Quintana Roo, se escucha la afirmación “crisis de seguridad” en todo el debate público, el tema es de tal importancia para la ciudadanía, que es el común denominador en todas las propuestas de campaña de absolutamente todos los partidos políticos.

Ante dicho escenario, se ha declarado la formulación de una estrategia de combate frontal al crimen organizado, que ha traído a la discusión política una herramienta de la procuración de seguridad y justicia con un amplio debate vigente: el Mando Único Policial. Mi objetivo no es analizar el tema la nube política que rodea la figura del mando único en dicho estado, sino responder diferentes posibles preguntas que la ciudadanía cotidiana se esté haciendo, así como plasmar y hacer un balance los diferentes puntos de vista que se ha establecido desde la administración policial y la academia.

En un aspecto jurídico, en la Constitución Federal, jamás se ha plasmado un modelo único en el estado de fuerza policial, debido a que son los estados quienes deciden respecto a su forma de organización policiaco. Sin embargo, surge la pregunta perenne:

¿Qué es el Mando Único Policial? De una manera sencilla, podemos afirmar que es una figura cuyo objetivo principal es unificar a las policías municipales y estatales para garantizar su unidad bajo una sola coordinación y mando.

¿Por qué pensar en un Mando Único? En primera instancia debemos de ver un dato preocupante que es la efectividad y confiabilidad en las policías municipales, ya que según la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) del año 2015, el 66 por ciento de la población concibe a la policía municipal como la más corrupta y a la policía estatal un 63.5 por ciento.

Otro dato relevante es el que arroja el Diagnóstico Nacional Sobre Policías Preventivas de las Entidades Federativas, realizado por la Secretaría de Gobernación en el 2017, ya que encuentran que de los 128 mil 922 policías activos, el 21.2 por ciento no cuenta con una evaluación aprobatoria vigente (controles de confianza) y el 56.8 por ciento no cuenta con su evaluación de competencias básica, como dice Edna Jaime: “No cumple con los requisitos básicos para ser policía”.

Su necesidad nace debido a la desconfianza (creciente) de la ciudadanía a los cuerpos policiacos municipales, y desde el discurso político se ha planteado que los cuerpos municipales de seguridad son los más débiles en la estrategia de combate al crimen organizado y corrupción, ya que impera una falta de coordinación y presupuesto.

Sin embargo, con un modelo único no se están tomando en cuenta las diferentes naturalezas de una policía estatal y municipal. “La policía municipal se concentra en mantener el orden de la vida cotidiana con un mínimo uso de la fuerza, atendiendo situaciones de violencia intrafamiliar, riñas, problemas con el alcohol, vandalismo, hechos de tránsito, entre otros” (Jimena David & López Alan, 2018).

En contraste, la policía estatal atiende temas de mayor gravedad, como son los delitos violentos que muchas veces involucran el uso de armas y, por lo tanto, requieren de una respuesta con mayor uso de fuerza por parte de las autoridades (Fondevila & Meneses Reyes, 2017).

También, como se han plasmado desde la academia y sociedad civil, “el mando único presenta problemas centrales al aumentar el vacío policiaco local. La desaparición de las fuerzas municipales agrava la pérdida del vínculo de las fuerzas públicas con los ciudadanos, así como su conocimiento de las dinámicas locales” (Jaime Edna, 2018).

Ante los diferentes posicionamientos, se debe vislumbrar que esta forma única de administración policial responde a un escenario de necesidad, que quiere decir que son medidas tomadas ante un panorama secundario debido a la situación y como resultado de los altos índices delictivos.

Una medida de Mando Único debe ir acompañada de una capacitación integral de los elementos de seguridad pública, así como un indudable mejoramiento de su percepción económica.

De igual manera, profesionalizar la seguridad pública conforme al sistema de justicia penal actual, donde predomine un modelo de policía científica para actuar ex post en la persecución y resolución de delitos, en especial aquellos vinculados con el accionar de la delincuencia organizada y de alto impacto social. Pero este modelo científico debe actuar, de manera simultánea, a la par de un modelo de policía civil que atienda problemas cotidianos de violencia y delincuencia, apostando por la prevención del delito (Moloeznik, 2016). Sin duda, el tema de seguridad pública es un tema complejo, pero ante todo es urgente; las políticas públicas que se vayan a implementar deben ser alejadas de decisiones políticas o será más de lo mismo.


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