Las trampas de la electricidad: lo local contra lo global

Rodrigo Patiño*
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Lunes 20 de mayo, 2019

En los últimos días la prensa dio a conocer tres eventos aparentemente independientes, pero que quisiera reunir aquí para analizar el complejo problema eléctrico de la península de Yucatán: los llamados apagones, la rimbombante inauguración del Parque Eólico Dzilam Bravo (PEDB) y el malestar del sector privado ante la suspensión definitiva del Parque Fotovoltaico Yucatán Solar (PFYS). Como se verá, se trata de una lucha de intereses públicos contra privados, pero también de una confrontación de ideas entre lo global y lo local. El sentido común nos lleva a defender lo público y lo local, pero no es fácil contra los discursos de globalización y privatización.

En la península hemos tenido tres apagones en lo que va del año (8 de marzo, 5 y 22 de abril), asociados al déficit eléctrico que presenta la región, el cual parece ir aumentando en el transcurso del tiempo. Si bien este déficit es un factor importante, los apagones son consecuencia más bien de daños en las líneas de transmisión, variaciones entre la generación y la demanda eléctrica, y la existencia de un solo nodo de interconexión entre la red eléctrica peninsular y la red nacional. La Comisión Federal de Electricidad ya ha anunciado una inversión importante para instalar un segundo nodo de interconexión, lo que resolverá muy probablemente la cuestión de los apagones continuos. El problema del déficit no es trivial, pues Yucatán ha asumido el compromiso de generar no sólo la electricidad que consume, sino también una buena parte de la de Quintana Roo, cuyo sector turístico es altamente demandante.

El pasado 3 de mayo, el gobernador Mauricio Vila inauguró el PEDB, acompañando a Benigno Villareal, director de la empresa Vive Energía, quien a su vez también es presidente de la Agrupación Peninsular de Energías Renovables (APER). En los discursos inaugurales se refrendó el apoyo del gobierno de Yucatán al desarrollo en el estado de 23 parques energéticos de gran escala (en total suman más de 12 mil hectáreas). Los estandartes de estos proyectos de infraestructura son justamente el déficit eléctrico de la península, la lucha contra el cambio climático global y los altos montos de inversión privada (de unos 4 mil 500 millones de dólares). Estos montos se convierten en cifras alegres en cuanto a generación de empleos, reducción de tarifas eléctricas y desarrollo local, pero lo cierto es que no hay un análisis económico serio e integral que les respalde . Este parque consta de 28 aerogeneradores distribuidos en mil 346 hectáreas, para generar anualmente un estimado de 270 gigawatt-hora de electricidad (un gigawatt-hora equivale a un millón de kilowatt-hora); está instalado en terrenos que renta la empresa a campesinos y vecinos del municipio de Dzilam de Bravo, pagando 75 mil pesos por semestre por cada aerogenerador instalado. Si bien esta cifra parece grande, en realidad es pequeña cuando convertimos la renta a una cifra mensual de un máximo de 260 pesos por hectárea. También es pequeña si consideramos, con un estimado conservador, la variabilidad de la venta eléctrica entre 34 centavos y un peso por cada kilowatt-hora. Las ventas anuales esperadas suman entre 90 y 270 millones de pesos para el parque.

¿Para quién son entonces las ganancias de este Parque? Se habla de algunas obras públicas para la cabecera municipal por parte de la empresa, que en realidad deberían ser responsabilidad de los gobiernos en sus tres niveles. Se menciona que unos 70 propietarios se beneficiarán con el arrendamiento de tierras y que se han generado 50 plazas formales para los 30 años de vida útil del proyecto. Por otro lado, la electricidad generada no será para los pobladores locales: por la modalidad del permiso de generación, la energía eléctrica será vendida directamente a empresas como Cinépolis o la chocolatera estadunidense Mars. Los aerogeneradores, que representan más del 50 por ciento de la inversión total del proyecto, no son de manufactura nacional sino de origen chino, y tampoco se producirán bajas en las tarifas eléctricas locales. En contraste, las ganancias tampoco consideran los altos costos que paga la región: un cambio en el paisaje con los aerogeneradores instalados sobre montículos con más de 2 mil toneladas de peso cada uno, varios kilómetros de caminos de terracería que requieren riego continuo para evitar polvaderas, menos de un kilómetro de distancia con el fraccionamiento habitacional más cercano, o el riesgo de impacto para la aves regionales y migratorias con las hélices, sin que hasta la fecha se haya establecido un mecanismo de vigilancia autónomo y transparente.

Por último, el juzgado quinto de distrito dictó suspensión del PFYS el pasado 16 de abril, justamente por las deficiencias en los procesos de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluación de Impacto Social y Consulta Indígena. En efecto, en los permisos otorgados a la empresa no se consideró la incompatibilidad de la actividad propuesta con el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY). También se minimizaron los efectos de la deforestación de 200 hectáreas en la biodiversidad del ecosistema y en los servicios ambientales que otorga la selva a las actividades económicas de los habitantes de la región. Adicionalmente, se omitió considerar la importancia biocultural de un cenote sagrado que ha sido resguardado desde tiempos ancestrales por la comunidad maya y que se encuentra dentro del predio del proyecto.

Esta suspensión ha causado escozor en el gobierno estatal como en el sector privado: por ejemplo, el presidente de Canacintra Yucatán, Alberto Abraham Xacur, declaró que hay gente que busca hacer daño con este tipo de amparos. Sería importante recordar tanto al sector privado como al público, que el juicio de amparo surgió como figura legal en el Yucatán del siglo XIX, para proteger derechos fundamentales de la población, como es ahora el caso de los indígenas de las comunidades afectadas por estos proyectos energéticos. No sólo los mayas representan más de la mitad de la población del estado, sino que sus derechos están plasmados en las constituciones políticas federal y estatal, así como en tratados internacionales que el Estado mexicano está obligado a respetar. Estos derechos incluyen el poder decidir su propio desarrollo presente y futuro, siempre bajo un modelo de transparencia y democracia. Las violaciones que se han hecho sistemáticamente a estos derechos son la verdadera amenaza a un desarrollo sostenible y justo, en especial si consideramos que son las poblaciones más desfavorecidas las que contribuyen menos al cambio climático global y las que presentan una mayor vulnerabilidad frente al mismo.

La Reforma Energética de 2013 impulsó un modelo federal orientado a la privatización del sector energético, incluyendo al sector eléctrico y el uso de fuentes renovables, pero el uso masivo de parques eólicos y fotovoltaicos, privados y de gran escala, distorsiona la posibilidad de contribuir realmente a un desarrollo regional sostenible. En especial, si se considera que la Semarnat federal no ha cumplido con su obligación de hacer una evaluación ambiental estratégica en Yucatán, ni se ha estimado la capacidad de carga del territorio ni los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de proyectos energéticos. Los proyectos de generación participativa siguen en espera de verse impulsados para asegurar una transición energética más justa.

*Investigador del Cinvestav – Unidad Mérida y miembro de la Articulación Yucatán

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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