La batalla social

René Ramírez Benítez
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Lunes 13 de mayo, 2019

Recientemente, en redes sociales, se volvió viral un lamentable video donde el dueño del establecimiento Pozole y Tacos Regio Express, en Nuevo León, amenaza a una pareja gay y grita diferentes frases con una clara connotación homofóbica. Este episodio trajo consigo diferentes reacciones que evidentemente generaron todo un debate respecto los límites del libre pensamiento, brindar servicios y la discriminación.

Antes de entrar en análisis, se debe mencionar un fenómeno: Meses atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), invalidó los artículos 140 y 148 porque violaban los principios de igualdad y no discriminación. Dicha acción de la SCJN permitió el matrimonio igualitario en dicha entidad y con ello ahora tenemos 13 estados de la República donde se reconoce dicho derecho.

Ante lo anterior debemos reflexionar sobre lo mucho que falta avanzar para una igualdad plena y un reconocimiento social de estas parejas que son parte de nuestra sociedad. El tema aquí es claro: si bien es fundamental la igualdad jurídica y el reconocimiento pleno de derechos de la comunidad LGBT, aún se tiene una gran deuda histórica con este sector en términos fácticos, y la estrategia debe enfocarse a la sociabilización del tema para ir más allá de la evidente victoria jurídica que se tiene.

Dicho lo anterior, el debate sobre los límites que tiene una persona para otorgar un servicio privado y la creencia personal para otorgar dicho servicio. El marco jurídico mexicano es claro, incluso la Constitución mexicana desde su primer artículo reconoce la igualdad de todos ante la ley, y en ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 58 menciona que un “proveedor de bienes y servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor” y no podrán “establecer preferencias o discriminación respecto a los solicitantes de sus servicios”. La norma es clara y pone la igualdad y no discriminación en el plano privado; ello como parte de la concordancia con lo que dicta la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), así como la Norma Mexicana 025 para la Igualdad Laboral y no Discriminación y la Guía de Acción contra la Discriminación (Guía ICI) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En un aspecto comparado, el penoso caso de Nuevo León trae a colación lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos discutió en la sentencia “Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission”. Dicho caso tiene similitudes con el hecho en Nuevo León. Esta sentencia se basó en la denuncia de una pareja homosexual que pretendía celebrar su boda y, ante la necesidad de un pastel para el evento, acudieron al pastelero Jack Philips, quien se rehusó a realizar el servicio con el argumento de que, siendo él cristiano, el matrimonio igualitario va en contra de su credo. El caso llegó al más alto tribunal estadunidense y, en una sentencia que acaparó la atención pública, donde se determinó que la Comisión de Derechos Civiles de Colorado había sido agresiva con las creencias del pastelero y dejó sin efecto cualquier acción legal en su contra. Si bien la Corte dio fin al asunto, no resolvió de fondo la discusión jurídica sobre los límites de la libertad religiosa y la no discriminación.

Esta decisión de no resolver el asunto de fondo es ejemplo de la grave polarización que existe del tema y el mal entendimiento social del derecho a la igualdad y no discriminación.

En pleno siglo XXI, es prioridad pública sumar esfuerzos para generar una conciencia y posicionar en el imaginario colectivo que no importan las características; todos deben tener acceso a las instituciones jurídicas y reconocer plenamente su esfera de derechos. El aparato del Estado debe ser un facilitador para el ejercicio de sus derechos y no un obstáculo.

Se podrá ganar la batalla jurídica para la comunidad LGBT, pero la batalla social, la más importante, no está ganada. Como dijo Theodore Roosevelt “ningún hombre está por encima de la ley, y ninguno está por debajo de ella”.

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