El estallido criminal del país

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Afp
La Jornada Maya

Martes 23 de abril, 2019

¿La criminalidad es un fenómeno que se mantiene estancado, inmutable? Por supuesto que no. No es lo mismo hablar de la criminalidad hace 12 años, cuando Felipe Calderón iniciaba su guerra al narco financiada por el Pentágono para legitimar su presidencia espuria, que dos sexenios corruptos después. ¿Las mafias y sus aliados en los diversos niveles de gobierno y policías y fuerzas militares se fortalecieron a través de los dos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, o se debilitaron? Hasta la pregunta parece tonta, pero ante la masacre de 14 personas (incluido un niño) en Minatitlán, la respuesta obvia no es sólo que sí se fortalecieron las organizaciones criminales, sino que crecieron de la mano de las autoridades, convirtiendo grandes extensiones del país en territorios infernales donde la ley que prevalece es la de los delincuentes.

Esto no se dice mientras se pretende instrumentalizar la violencia con fines políticos. La verdad es que no hay interés en rescatar alguna seguridad para los ciudadanos o en poner algún freno a la delincuencia que ha fagocitado al país por parte de esos actores políticos que hoy se desgarran vestiduras por los ejecutados de Minatitlán, y a los que el presidente AMLO les ha concedido el perdón, inaceptablemente.

Dice Marta Lamas en el prólogo del libro [i]Capitalismo Gore[/i], de Sayak Valencia (Paidós 2016), que “no se produce desigualdad solamente por acumulación y concentración, cambiando leyes y suspendiendo derechos, sino que ahora se producen desapariciones forzadas, muertos y destazados… proliferan las mafias insertas en la economía y la política. Por esta razón, el paisaje cotidiano está marcado por un derramamiento de sangre provocado por el crimen organizado, pero también por las corporaciones políticas y policíacas” que se dedican al expolio mediante la violencia más brutal aplicada contra la población.

La evolución del fenómeno criminal y delincuencial en el país en los últimos sexenios, desde al menos el de Carlos Salinas de Gortari, incluye la transformación, mediante las lógicas mercantiles, de las organizaciones del narcotráfico en México, que han logrado crear un Estado alterno con sus propias competencias y sus técnicas de reclutamiento que incluyen la radiopiratería, señala Sayak Valencia. El crimen organizado se ha convertido en un actor político clave, un grupo de interés, un jugador que debe ser tomado en consideración por el sistema político legítimo.

Ese narcoestado, generador de desapariciones forzosas, muertos, destazados, esclavos, fosas comunes, ejecuciones sangrientas de mujeres, hombres y niños, domina amplias zonas del país no sólo a través de la violencia sino de la economía criminal, en la que el cobro del derecho de piso es sólo una de sus expresiones, pero no la única. Las organizaciones criminales, a lo largo de los últimos sexenios han infiltrado sus tentáculos por todo el territorio nacional e inclusive en otros países y continentes, consolidándose y consolidando la violencia, la corrupción e impunidad.

Miremos lo que ha sucedido en Quintana Roo con el relevo del poder a nivel estatal: la violencia no ha cesado de escalar impulsada por quienes dejaron el poder, las policías corruptas y débiles, los ministerios públicos y jueces cómplices.

No cabe duda que quienes asumieron el poder, a nivel estatal y federal no estaban preparados, y quién sabe si lo estarán, para enfrentar al narcoestado criminal que se consolidó con Calderón y Peña. Tal es la dimensión del monstruo que se enfrenta y que algunos se aprestan a explotar convocando a una marcha nacional para el próximo domingo en el país.

[b]Cajón de sastre: Mar de historias, de la delincuencia en nuestro país[/b]

Una señora contó la historia de un vecino al que prefirió no identificar: “Regresó a su casa después de semanas que nadie sabía de él. Estaba muy golpeado y herido. Duró semanas sin querer salir, no quería hablar. Después le contó a su familia que Los Zetas se lo habían llevado lejos de Saltillo, en un paraje donde tenían una plaza donde organizaban peleas a muerte y apostaban. Si ganabas te mantenían encerrado hasta que te sacaban de nuevo a pelear. Ganó varias veces y le dijeron que como premio lo regresarían a su casa, pero que si hablaba lo matarían y también a su familia. Ya no quiere salir a la calle porque si lo ven se lo llevan de nuevo a pelear” (José Gil Olmos, [i]Los Buscadores[/i], p. 20).

“Los primeros empresarios de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco obligados a pagar estaban aterrados: sus extorsionadores tenían información precisa de lo que cada uno facturaba con Pemex, incluso si existía un atraso en sus contratos o si éstos estaban en proceso de rescisión. Sabían hasta los procesos de licitación en los que participaban y en los que planeaban participar. Para ellos era prueba innegable de la infiltración de la mafia en la estructura administrativa de la paraestatal, y ante tales indicios, prácticamente nadie se resistió a pagar” el derecho de piso (Ana Lilia Pérez, [i]El Cártel Negro[/i], p. 258).

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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