La transición energética mexicana

Efraín Villanueva Arcos
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Martes 16 de abril, 2019

“Cuando nuestros hijos miren retrospectivamente hacia nuestra época,
¿considerarán los combustibles fósiles del mismo modo como
nosotros vemos ahora el aceite de ballena, es decir,
como una desgraciada reliquia de un pasado lejano?”.
Michio Kaku, en La física del futuro.

Cinco años después que el huracán Janet destruyera Chetumal, el 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos tomó posesión de la empresa The Mexican Light and Power Company, Ltd (MLPCL), para dar paso a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con lo que consumó la nacionalización de la industria eléctrica. Este hecho se dio en un contexto internacional relevante y delicado para el país, pues apenas un año antes un movimiento revolucionario de izquierda había tomado el control de Cuba, y el gobierno norteamericano se mostraba muy sensible a cualquier repercusión social por el crescendo de la Guerra Fría que se escenificaba con la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), crisis que habría de tener su punto culminante en octubre de 1962.

A partir de dicha nacionalización, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtió en el monopolio constitucional para generar, transmitir, distribuir y comercializar la electricidad en el país, con muy importantes logros en la formación de capital humano y la construcción de una gran infraestructura que permitió el crecimiento del país al menos hasta la década de los noventas del siglo pasado.

En 1992, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, permitiendo que el sector privado construya, opere y tenga en propiedad plantas de generación de electricidad, lo que hasta entonces estaba reservado exclusivamente a CFE. El contexto internacional en ese año era el del Consenso de Washington, la desregulación, el adelgazamiento del sector público y la privatización.

Por lo menos dos presidentes mexicanos intentaron una reforma energética de gran calado. Primero lo intentó Ernesto Zedillo y posteriormente Felipe Calderón, fracasando ambos en sus intentos de transformar el sector eléctrico y abrirlo al mercado, aunque se alcanzaron cambios importantes en al menos dos aspectos: impulsar una política de eficiencia energética y energías renovables con la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE, promulgada en 2008), y la Ley General de Cambio Climático de 2012, donde se establecieron metas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Con el acuerdo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en diciembre de 2013 se promulgó la Reforma Energética que modificó los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, el párrafo sexto del artículo 27 y los párrafos cuarto y sexto del artículo 28, todos de la Constitución General de la República. Esta reforma propició una profunda transformación, tanto del sector hidrocarburos -que no es tema para este artículo- como del sector eléctrico y de la principal empresa del ramo, que pasó a ser una “empresa productiva del Estado”, con obligaciones muy precisas para asumir un nuevo papel en la transición energética.

A raíz de la implementación de la reforma energética en el sector eléctrico, los cambios han sido muy importantes y positivos para el país, principalmente para el impulso a la generación con fuentes limpias, sobre todo solar y eólica, cuyos costos son ya muy competitivos con las fuentes tradicionales para generación como el gas natural y mucho más aún que las carbo o las termoeléctricas. La reforma trajo varios cambios que resultaría imposible detallar en este espacio, pero quiero destacar al menos tres herramientas que contribuyeron a la transición energética. La primera fue el establecimiento de obligaciones de energías limpias para los grandes consumidores y generadores, con los Certificados de Energías Limpias (CELs) que representaban un porcentaje del total del consumo eléctrico que debía provenir de fuentes limpias. La segunda fueron las metas de energías limpias que brindaron certeza a los inversionistas (35 por ciento para 2024), y la tercera fueron las Subastas de Largo Plazo que permitió a CFE comprar energía limpia y barata (los precios promedio pasaron de 51 USD/MWh a 20 USD/MWh: un ahorro espectacular para la empresa productiva del Estado.

Con la reforma energética se pasó de una generación eléctrica con energías renovables no convencionales (sol y viento principalmente), de sólo 5,471 GWh en 2013 a 13,653 GWh en 2017. En el informe que se presentó al Consejo Consultivo para la Transición Energética en octubre pasado, se afirmó que México estaba preparado para alcanzar 25 por ciento de generación con fuentes limpias al concluir 2018. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacinal (PRODESEN) establecía que México podría duplicar su capacidad de generación limpia hacia 2024, pero para ello se requeriría: consolidar el mercado eléctrico mayorista, continuar las subastas de energía limpia e invertir en nuevas líneas de transmisión. En política de sustentabilidad energética, en un comparativo de 111 países, el Banco Mundial ubicó a México en la posición 14 (rise.worldbank.org). En 2017, Bloomberg New Energy Finance señalaba que México estaba entre los 10 países líderes en inversiones en energías renovables, y agregaba que las inversiones realizadas en nuestro país representaban el 36 por ciento de todas las realizadas en América Latina (global-climatescope.org). En la visión de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), se afirmaba que México sería el primer país con un 19 por ciento más de bienestar al implementar la transición energética, que tendría un impacto en empleo similar al de EU y superior al de Brasil, Argentina y Canadá (Ver: IRENA, Global Energy Transformation: Roadmap to 2050).

A cuatro meses de la presente administración, México canceló la cuarta subasta sin una explicación clara para los inversionistas y el público en general. Se ha pretendido someter a la Comisión Reguladora de Energía al control de la Secretaría de Energía, restándole su autonomía y su papel de regulador y árbitro del mercado eléctrico, y se busca, a través de CFE, reactivar antiguos proyectos de carboeléctricas contradiciendo así todo el espíritu de la Reforma Energética y los compromisos internacionales en materia de cambio climático y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

Quienes creemos en la transición energética, esperamos ver en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales y programas especiales correspondientes, una precisión de lo que este gobierno quiere y desea para su sector eléctrico y para la producción de energías limpias en el país.

*Sociólogo.

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