Alfonso Munguía Gil
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Martes 26 de marzo, 2019

Los ordenamientos ecológicos (OE), son una herramienta para la planeación y gestión integral del territorio y de sus recursos naturales, sociales, culturales, económicos, etc. Se enmarcan en la Ley Federal de Protección al Ambiente y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por lo que son un instrumento de política ambiental obligatorio para los programas de desarrollo nacional y representan una herramienta de convergencia estado-sociedad, fundamental para establecer las bases para el uso del territorio en dirección de un desarrollo sostenible.

En Yucatán hay dos Programas de Ordenamiento Ecológico: el del Territorio de Yucatán (POETY) y el del Territorio Costero de Yucatán (POETCY), ambos decretados en el año 2007, y el último modificado en 2014. Estos dos instrumentos legales determinan -en función de la fragilidad y potencialidad del territorio, así como del estado de conservación de sus servicios ambientales-, las áreas del territorio destinadas a la conservación o a un aprovechamiento sustentable, dichas áreas se denominan Unidades de Gestión Ambiental (UGAs). La actividad socioeconómica que se desarrolla en las diferentes UGAs está regulada por políticas específicas llamadas Criterios de Regulación Ecológica, los cuales definen el modo y la intensidad en la que el territorio está posibilitado para recibir actividades productivas, de servicios, de infraestructura y vivienda.

El fomento de la creación de los OEs y el respeto a sus regulaciones, nos permitirían, como sociedad, la posibilidad de que las futuras generaciones aprovechen el territorio sin agotar sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Por el contrario, su inexistencia o incumplimiento está llevando a la humanidad a enfrentar problemas que ponen en riesgo su propia subsistencia, tales como el cambio climático o el agotamiento y contaminación de suelos y agua, de donde emanan los insumos para su propia alimentación.

Paradójicamente, el proceso de transición energética en Yucatán también está abonando a esta problemática, ya que el desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala está planeado desde la violación al POETY y al POETCY.

Por ejemplo, los parques eólicos de Dzilam de Bravo, Progreso y Chicxulub (éste último en municipios de Ixil, Motul y Progreso), están instalados o planeados en UGAs catalogadas como de conservación; a su vez el eólico de Tizimín está en una UGA de aprovechamiento nivel uno. En efecto, de acuerdo con el POETCY (2014), estos ecosistemas son aptos para el turismo de bajo impacto, para la observación de fauna y aves, para favorecer la producción orgánica y donde no se permite el uso de maquinaria pesada ni explosivos, por ser el suelo apto sólo para la extracción artesanal de piedra (criterios 27, 28, 29, 39 y 46). Las violaciones a los OEs son evidentes, pues los mismos desarrolladores de los proyectos indican en sus Manifiestos de Impacto Ambiental (MIAs) que usarán maquinaria pesada y explosivos para la construcción de las grandes cimentaciones que requiere cada una de las gigantescas turbinas eólicas, además de no presentar estudios geológicos, hidrológicos y de fauna con el detalle y extensión requeridos por el POETCY (criterio 65).

Por su parte, los parques fotovoltaicos Yucatán Solar (Valladolid), Ticul A y B (Muna) y San Ignacio (Progreso), también contravienen los OEs. Por ejemplo, el primero realizará el desmonte de 200 hectáreas de selva recuperada, incluyendo despalme y compactación del suelo. Esto contraviene los criterios de protección y conservación de las UGAs que, de acuerdo al POETY (2007), son compatibles con usos de suelo tales como la agricultura, asentamientos humanos, turismo alternativo, actividades cinegéticas y agroforestería. El parque de San Ignacio, por su parte, pretende ubicarse en una UGA señalada por el POETCY como de conservación, donde el uso de suelo industrial no está permitido.

[b]Uso de recursos bajo el desarrollo responsable y sustentable[/b]

En el contexto del cambio climático, es urgente que el uso de los recursos del territorio se encamine en dirección de un desarrollo responsable y sostenible, y los OEs son una herramienta disponible que avanza en este sentido. En Yucatán, de acuerdo a los criterios de regulación ecológica aplicables para las UGAs definidas por el POETY y el POETCY, los desarrollos eólicos y fotovoltaicos sólo serían posibles utilizando el modelo de generación distribuida, modelos comunitarios y ciudadanos, cuya infraestructura es mucho menor a la de los proyectos de gran escala, que abonan a la autosuficiencia energética y a un desarrollo regional sostenible.

La transición energética en Yucatán, y en México, demanda una verdadera regulación con el objetivo de no perder soberanía energética del país, como ha estado sucediendo con la CFE y Pemex. Esta transición debe formar parte integral de un modelo de desarrollo sostenible nacional que sea respetuoso de los territorios locales y regionales, y que procure el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales por la sociedad. Además, las políticas, planes y programas, de los que forman parte la transición energética y los OEs, deben integrarse en un esquema de Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento de planeación obligado por la Ley de Transición Energética (2015) y que el gobierno federal aún sigue sin realizar (ver La Jornada Maya del 5 de octubre de 2018).

* Profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida y miembro de la Articulación Yucatán.

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